Senadora de Arizona en la mira por alertar sobre redadas de ICE
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Nicol Matuz Scott"Urgente. Por favor compartan", escribió Ortiz a principios de junio, advirtiendo sobre posibles redadas de ICE en Phoenix. El mensaje incluía recomendaciones para migrantes, como evitar zonas de riesgo y un número para reportar actividad de agentes migratorios. Lo que para ella es protección comunitaria, para sus críticos representa una interferencia en labores federales.
Warren Petersen, presidente del Senado de Arizona, no tardó en reaccionar. "Las declaraciones de la senadora Ortiz son profundamente preocupantes y no representan la posición de esta cámara", afirmó en un comunicado. Petersen ya solicitó una investigación federal, alegando posible violación de leyes migratorias.
Detrás de la polémica hay elementos clave que dividen aguas:
- El uso de plataformas digitales para alertar sobre operativos
- La delgada línea entre libertad de expresión y obstrucción a la justicia
- El debate sobre el rol de funcionarios electos en temas migratorios
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona han salido en su defensa, argumentando que sus acciones están protegidas por la Primera Enmienda. Mientras tanto, grupos conservadores insisten en que sus publicaciones equivalen a interferencia deliberada en operativos de seguridad nacional.
El caso ha reavivado discusiones sobre el uso de aplicaciones para reportar presencia de ICE, práctica que según Ortiz equivale a alertar sobre radares de velocidad. "Todos tienen derecho a saber cuándo hay actividad policial cerca", sostuvo la legisladora, quien también denunció presencia de agentes cerca de una escuela primaria.
Con el Departamento de Justicia federal evaluando si hay mérito para una investigación, lo único claro es que el debate sobre derechos, fronteras y activismo político está lejos de terminar en el estado fronterizo.
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