Avalan diputados ley de salud contra corrupción
Después de las modificaciones hechas por el Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud en materia de Seguro Popular que busca combatir actos de corrupción en la compra de medicamentos y sancionar con multas y cárcel el desvío de recursos públicos
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El diario de Sonora
el 28/04/2014 12:00 AM, Sección General
Última edición 21/04/2024 02:11 PM.
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Última edición 21/04/2024 02:11 PM.
México, DF.
Después de las modificaciones hechas por el Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud en materia de Seguro Popular que busca combatir actos de corrupción en la compra de medicamentos y sancionar con multas y cárcel el desvío de recursos públicos.
Con 73 votos a favor, 40 en contra y cinco abstenciones fue avalada la minuta que forma parte de las iniciativas que el Ejecutivo Federal remitió a San Lázaro en septiembre del año pasado, como parte de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social.
Los cambios terminan con las arcas abiertas del Seguro Popular para los gobernadores y faculta a la Secretaría de Salud (SSA) a establecer precios de referencia en los insumos, a los que se deben sujetar los estados de la República.
Además se establece de manera clara la obligación de los servicios estatales de salud de denunciar presuntos desvíos de recursos, ya sea en efectivo o en especie, lo que ya se encuentra tipificado como delito grave en el Código Penal.
Después de las modificaciones hechas por el Senado de la República, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Salud en materia de Seguro Popular que busca combatir actos de corrupción en la compra de medicamentos y sancionar con multas y cárcel el desvío de recursos públicos.
Con 73 votos a favor, 40 en contra y cinco abstenciones fue avalada la minuta que forma parte de las iniciativas que el Ejecutivo Federal remitió a San Lázaro en septiembre del año pasado, como parte de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social.
Los cambios terminan con las arcas abiertas del Seguro Popular para los gobernadores y faculta a la Secretaría de Salud (SSA) a establecer precios de referencia en los insumos, a los que se deben sujetar los estados de la República.
Además se establece de manera clara la obligación de los servicios estatales de salud de denunciar presuntos desvíos de recursos, ya sea en efectivo o en especie, lo que ya se encuentra tipificado como delito grave en el Código Penal.
