El drama de los jornaleros: 19 estados los explotan

México, DF.

Las precarias condiciones laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, quienes mantienen un paro de labores desde el pasado 17 de marzo, no son un caso único ni reciente en el país, ni mucho menos desconocido.
Desde hace varios años, distintos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han hecho eco de las denuncias de trabajadores del campo sobre la explotación laboral que padecen en ranchos agrícolas, en donde las jornadas extensas, los pagos miserables, el trabajo infantil, las amenazas, el desdén y el maltrato de los empleadores hacia los trabajadores y sus familias son problemas persistentes y reiterados.
Para las autoridades, tanto federales como locales, esta situación tampoco es desconocida, e incluso ha habido casos en los que han intervenido para “rescatar” a los jornaleros, como ocurrió recientemente primero con los 200 jornaleros indígenas rarámuris que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encontró en dos ranchos en Comondú, Baja California, y días después con 49 jornaleros indígenas mixtecos en Colima.
Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS, presumió que el “rescate” de los 200 jornaleros rarámuris en Comondú se había hecho a partir de denuncias de jornaleros que habían logrado escapar, pero de acuerdo con el semanario tijuanense Zeta, lo que detonó la investigación fue un texto periodístico del reportero Arturo Rodríguez Corona, quien encontró deambulando a una pareja de jornaleros que habían huido de uno de esos ranchos por el abuso laboral y el intento de abuso sexual que uno de los patrones tuvo hacia ella.
No hace mucho, en junio de 2013, también se había difundido la noticia de un “rescate” de 275 jornaleros agrícolas en Jalisco, a quienes la empresa Bioparques de Occidente, con sede en Sinaloa, explotaba, pagándoles entre 50 y 60 pesos al día, alimentándolos sólo con arroz y frijoles y dejándolos dormir en el piso, según consignó entonces la prensa.
Unos meses antes, en octubre de 2012, desde Chiapas, el presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Olegario Carrillo Meza, había denunciado que en las fincas cafetaleras de ese estado los jornaleros, indígenas mexicanos y migrantes guatemaltecos, eran explotados laboralmente y vivían abusos y discriminación. En el caso de los migrantes, su situación se complicaba por la falta de una estancia regular, lo que hacía que aceptaran cualquier condición de trabajo. En algunos casos se veían obligados a hacerlo, pues los patrones les retiraban sus documentos de identidad hasta terminar el plazo de trabajo acordado.
Ese mismo año, se documentó que en los viñedos de Hermosillo, Sonora, los jornaleros que pizcaban uva en el rancho Campo Nuevo cobraban 1 peso con 50 centavos por cada cubeta de 20 kilos de fruta. Según los jornaleros, esa era la tarifa que los dueños pagaban desde hacía una década. Sus jornadas de trabajo comenzaban desde las 6 de la mañana y duraban hasta las 5 de la tarde. Los niños trabajaban en las mañanas y por las tarde iban a la escuela. Los jornaleros vivían en galeras, sus hijos estaban desnutridos, dormían en literas de fierro sin colchón o debajo de árboles.
Otro caso reciente se conoció en julio de 2014, cuando una camioneta que transportaba a 42 jornaleras y jornaleros agrícolas, originarios de comunidades indígenas de Guerrero, se volcó cuando se trasladaba del rancho “El Ebanito”, en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, al sitio donde los trabajadores rentaban unos cuartos para vivir durante el tiempo que duraría la cosecha y, por lo tanto, su empleo en el rancho.
Su trabajo en el rancho consistía en cortar chile serrano con las manos hasta llenar cubetas de 20 litros. Para hacer esa tarea, los jornaleros no contaban con equipo de trabajo como guantes, cubrebocas o calzado especial. Su jornada de trabajo era de entre 10 y 14 horas pero ésta podía extenderse hasta que terminaran de llenar la cantidad de arpillas que se les indicaba, o si eran trasladados a otro rancho.
Por cada arpilla que llenaban, les pagaban 20 pesos. Su trabajo no era constante, sino que dependía de los días en que fueran requeridos por el productor.
Entre los pasajeros de la camioneta accidentada iban adolescentes y niños. Dos de ellos, uno de seis y otro de ocho años, murieron. Los dos trabajaban en la pizca, junto con sus padres. En el accidente también falleció un jornalero de 40 años. Las víctimas del accidente habían migrado apenas unos días antes a San Luis Potosí, para emplearse como jornaleros temporales.
Tampoco fue ese el único caso que involucró a menores de edad.
El 6 de enero de 2007, David Salgado Aranda, de 8 años, quien trabajaba en Agrícola Paredes, Sinaloa, cortando tomates, fue atropellado por un camión recolector cuando tropezó en uno de los surcos. Pese a que los familiares del niño interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público de Culiacán, la empresa hizo firmar a los jornaleros un otorgamiento de perdón al momento de contratarlos y ya poco pudo hacerse.
Estrella, una bebé de 11 meses, falleció calcinada en un viñedo de la estación Pesqueira, en San Miguel de Horcasitas, Sonora, el 23 de mayo de 2008. La menor se encontraba en una cuna de cartón, dentro de una habitación de lámina del mismo material con otros 14 niños, en una improvisada guardería. Los menores estaban al cuidado de una chica de 16 años.
Silvia Toribio murió en octubre de 2010, a los cinco meses de nacida. La atropelló un tractor recolector de tomate. La bebé estaba dentro de una caja de plástico que funcionaba como cuna, la cual se encontraba en uno de los surcos.
Ese mismo año, unos meses antes, en julio, había fallecido Flora Jacinta, una pequeña de cuatro años, en Agrícola San Ramón, Sonora. La niña murió envenenada con plaguicidas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que desde hace una década ha denunciado las condiciones de explotación y abusos que padecen los jornaleros agrícolas, de 2007 a la fecha han muerto al menos 40 niños jornaleros agrícolas o hijos de jornaleros.
El caso más reciente ocurrió apenas el pasado 14 de marzo –dos días antes de que la STPS “rescatara” a los 200 jornaleros en Baja California– en Villa Unión, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.
Ahí, Arturo de los Santos Catalán, de 7 años, fue atropellado por una camioneta del programa federal Cruzada contra el Hambre, que opera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando el niño se encontraba jugando en una angosta calle cercana a la vivienda que su familia rentaba temporalmente mientras se empleaba como jornalera. El primo de Arturo, Gabriel García Félix, de 5 años, resultó lesionado, de acuerdo con Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora del área de Migrantes de Tlachinollan.
Unos días después, el 17 de marzo, mientras el cadáver del niño Arturo era velado en su natal Guerrero. En el Valle de San Quintín, Baja California, miles de jornaleros iniciaron un paro laboral y bloquearon la carretera Transpeninsular en Baja California en demanda de mejores condiciones laborales.
Los dirigentes del paro, agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social han recordado que desde octubre del año pasado entregaron a las autoridades su propuesta de fijar en 300 pesos su jornada laboral. La propuesta fue entregada al gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco “Kiko” Vega, así como a los delegados de la STPS, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Pero los jornaleros no obtuvieron respuesta alguna.
Por eso, hace poco más de dos semanas alrededor de 30 mil jornaleros iniciaron un paro de labores. Al día siguiente de que comenzó el bloqueo carretero, se registraron enfrentamientos entre trabajadores y policías municipales, estatales y federales, así como elementos del Ejército. Más de 200 personas fueron detenidas; la mayoría de ellas fueron liberadas bajo reserva de ley, acusadas de ataques a las vías de comunicación.
Para intentar llegar a un acuerdo, los jornaleros accedieron a modificar su demanda original y fijar en 200 pesos el pago por jornada laboral, así como un monto de 20 pesos por caja de fresa pizcada. Sin embargo, la nueva propuesta fue rechazada por el gobierno de Baja California y desde el pasado viernes 27 de marzo se suspendió la mesa de diálogo.
Mientras el movimiento jornalero se mantiene en vilo, los días pasan sin que haya sancionados por el caso de los 200 jornaleros de los ranchos de Comondú, como denunció el pasado 1 de abril el semanario Zeta.

 Problema persistente
La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México, de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, que agrupa a siete organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes.

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