Christina Cárdenas, esposa de un recluso en California, recibirá $5.6 millones en un acuerdo tras experimentar un registro invasivo durante una visita a la prisión en 2019. Cárdenas había viajado cuatro horas para ver a su esposo en el Centro Penitenciario de Tehachapi, donde fue sometida a una serie de revisiones extensivas que incluyeron pruebas de drogas, radiografías y tomografías computarizadas.
La demanda alega que Cárdenas fue sometida a un registro corporal innecesario, y posteriormente fue transportada al Centro Médico Adventista de Tehachapi para pruebas adicionales, incluidas radiografías y una prueba de embarazo. Estos procedimientos no encontraron evidencia de contrabando, pero Cárdenas enfrentó dificultades significativas durante el proceso, incluyendo la negación de comida y agua y la obligación de orinar en una palangana.
El acuerdo de $5.6 millones se desglosa en $3.6 millones a ser pagados por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, mientras que el resto será cubierto por otros acusados, incluyendo funcionarios penitenciarios y el hospital involucrado. Los abogados de Cárdenas han argumentado que el tratamiento que recibió fue excesivo y que no se justificaba bajo las órdenes de registro existentes.
El caso ha puesto de relieve problemas más amplios en el sistema penitenciario de California, donde se han reportado abusos y mala conducta por parte de los funcionarios. La Oficina Federal de Prisiones ha anunciado la investigación y el cierre de instalaciones con antecedentes de abusos, como una prisión de mujeres en el norte de California.
La abogada Gloria Allred, quien representa a Cárdenas, ha destacado que el registro corporal y el trato recibido fueron excesivos y violaron los derechos de Cárdenas. Esta situación forma parte de un patrón más amplio de preocupaciones sobre el abuso en el sistema penitenciario, que ha atraído la atención de las autoridades y los medios de comunicación.