Ejecución programada en Carolina del Sur: ¿Un inocente a punto de morir?

La ejecución programada de Khalil Divine Black Sun Allah en Carolina del Sur este viernes ha desatado una ola de controversia, luego de que el principal testigo de la fiscalía, Steven Golden, confesara haber mentido en el juicio, alegando que el estado está a punto de ejecutar a un inocente

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Khalil Divine Black Sun Allah, de 46 años, fue condenado por el robo a mano armada y asesinato de la cajera de una tienda de conveniencia, Irene Graves, en noviembre de 1997. A pesar de que no existen pruebas forenses que lo vinculen al crimen, la fiscalía basó su caso en el testimonio de Steven Golden, quien, en un acuerdo con la fiscalía, declaró que Allah fue quien disparó a Graves.

Sin embargo, dos días antes de la ejecución, Golden firmó una declaración jurada en la que revoca su testimonio, asegurando que Allah "no es la persona que disparó a Irene Graves" y que "no estaba presente" durante el robo. Golden atribuye su falso testimonio a la presión policial y al miedo a represalias de "sus asociados".

Este nuevo desarrollo ha generado una petición de clemencia para Allah, pero la Corte Suprema de Carolina del Sur ha decidido que la ejecución proceda. El gobernador del estado, un republicano, tiene la última palabra y se espera que anuncie su decisión poco antes de la hora programada para la ejecución.

La ejecución de Allah sería la primera en 13 años en Carolina del Sur y podría marcar el inicio de una serie de ejecuciones en los próximos meses. El estado ha estado trabajando para reanudar las ejecuciones después de que las compañías farmacéuticas dejaran de vender drogas letales a los estados.

Mientras tanto, la familia de la víctima, Irene Graves, se ha visto obligada a revivir la tragedia de la muerte de su madre, con nuevas dudas sobre la justicia en el caso. Ensley Graves-Lee, hija de la víctima, ha expresado su conmoción y confusión ante los nuevos desarrollos, y ha pedido que se respete la memoria de su madre.

El caso de Allah ha planteado nuevamente el debate sobre la pena de muerte, la posibilidad de errores judiciales y la responsabilidad del estado ante posibles ejecuciones de inocentes.

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