Un estudiante universitario de Grand Valley State University en Michigan se enfrentó a una exorbitante cuota de $84,000 para acceder a información relacionada con una investigación en curso dentro de la institución. El estudiante había solicitado una serie de documentos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para respaldar dos quejas que había presentado contra un administrador universitario.
La universidad justificó la elevada cuota argumentando que la solicitud era "muy amplia" e involucraba más de 59,000 correos electrónicos en un periodo determinado. Para procesar la solicitud, sería necesario que un empleado calificado revisara cada correo electrónico y archivo adjunto, buscando y redactando información personal y confidencial.
Según un portavoz de la universidad, la cuota se calculó utilizando el proceso estándar para este tipo de solicitudes. Sin embargo, la madre del estudiante, Carrie Uthe, expresó su desconcierto ante el cálculo, afirmando que su hijo simplemente buscaba ser escuchado y que se investigaran las conductas inapropiadas del administrador.
Es importante destacar que la FOIA permite a cualquier miembro del público solicitar información de las agencias federales sin costo inicial. Sin embargo, pueden existir costos asociados a la localización de los documentos solicitados.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de la aplicación de la FOIA en el ámbito universitario y la necesidad de un análisis objetivo y transparente sobre la determinación de las cuotas por acceso a la información.