En un giro inesperado en el caso del reconocido músico y empresario Sean “Diddy” Combs, su equipo legal ha denunciado un allanamiento irregular en su celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Este incidente ha suscitado preocupaciones sobre la legalidad de las acciones de las autoridades, quienes incautaron materiales que, según se alega, están protegidos por el secreto profesional abogado-cliente.
El abogado de Diddy, Marc Agnifilo, ha señalado que las notas manuscritas confiscadas incluyen información crucial sobre testigos de defensa y estrategias para el juicio programado en mayo. En documentos legales, Agnifilo argumenta que la posesión de estos documentos por parte de los fiscales representa una violación de los derechos constitucionales de su cliente, amparados en las Enmiendas Cuarta, Quinta y Sexta. “Este escandaloso proceder gubernamental constituye una violación al debido proceso”, afirmó el abogado.
Además, se ha solicitado una audiencia inmediata para aclarar varios aspectos del allanamiento, tales como:
- ¿Quién autorizó el registro de la celda?
- ¿Qué criterios se usaron para determinar qué materiales incautar?
- ¿Por qué no se notificó a Sean Combs sobre la incautación?
Por otro lado, los fiscales han acusado a Diddy de intentar manipular testigos desde prisión, alegando que ha utilizado cuentas telefónicas de otros reclusos para comunicarse con personas no autorizadas. Según la documentación judicial, se ha evidenciado que Combs ha hecho “esfuerzos incesantes” para influir en el testimonio de potenciales testigos, lo que ha llevado a los fiscales a caracterizar sus acciones como un esquema “implacable”.
Entre las pruebas presentadas, se menciona una publicación en Instagram de una mujer identificada como “testigo dos”, quien contradijo las alegaciones de la cantante Dawn Richard. Además, se sugiere que Diddy pudo haber pagado a esta testigo tras su declaración, lo que añade una capa más de complejidad a su situación legal.
Sean Combs, de 55 años, se enfrenta a serios cargos de tráfico sexual y crimen organizado, además de más de dos docenas de demandas civiles por agresión sexual y violación. A pesar de mantener su inocencia, sus abogados han solicitado libertad bajo fianza por USD 50 millones, argumentando que las condiciones carcelarias limitan su capacidad para preparar una defensa adecuada. Sin embargo, los fiscales se oponen, advirtiendo sobre el riesgo de manipulación de testigos.
Este caso ha tomado un rumbo inesperado desde que su expareja, Cassandra Ventura, presentó una demanda civil en noviembre pasado, lo que desencadenó investigaciones federales que culminaron en su arresto en septiembre. La situación legal de Diddy continúa evolucionando, mientras su equipo legal busca respuestas sobre las acciones de las autoridades y su impacto en el proceso judicial.