Biden veta ley JUDGES Act: Impacto en nombramientos judiciales
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Nicol Matuz ScottEn medio de este torbellino de eventos, una decisión trascendental ha acaparado la atención: el veto presidencial del proyecto de ley JUDGES Act. Esta ley, que buscaba aumentar el número de jueces federales en 66 plazas, fue aprobada por el Congreso, pero encontró un obstáculo insalvable en el escritorio del presidente Joe Biden.
La propuesta, inicialmente con un respaldo bipartidista, pretendía expandir el poder judicial federal por primera vez desde 1990. Se buscaba un incremento gradual de jueces en 25 distritos federales de 13 estados, incluyendo California, Florida y Texas, hasta 2035. La justificación inicial para esta expansión radicaba en el aumento de más del 30% en los casos federales desde la última reforma judicial integral. “Los casos federales han aumentado más de un 30 % desde la última expansión integral del sistema judicial,” argumentaron los partidarios de la ley.
Sin embargo, la Casa Blanca emitió un comunicado expresando su preocupación. Se argumentó que la propuesta carecía de un estudio profundo sobre la necesidad real de estos nuevos cargos y su distribución a nivel nacional. “Ni la Cámara de Representantes ni el Senado exploraron a fondo cómo el trabajo de los jueces de alto rango y los magistrados afecta la necesidad de nuevos puestos de jueces,” se lee en el comunicado. Se enfatizó la necesidad de un análisis exhaustivo antes de crear puestos judiciales permanentes y vitalicios.
El veto presidencial, anunciado tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes (236 votos a favor y 173 en contra, luego de su ratificación unánime en el Senado), generó un debate acalorado. Legisladores demócratas acusaron a sus colegas republicanos de priorizar la política partidista, particularmente dado que la aprobación final en la Cámara se dio luego de la victoria electoral del candidato republicano Donald Trump. “Esto es política partidista en su peor expresión”, declaró el senador republicano Todd Young, uno de los patrocinadores de la ley.
La decisión de Biden adquiere mayor relevancia considerando el posible impacto en el número de nombramientos judiciales que Trump podría realizar en caso de asumir la presidencia. Se estima que la ley permitiría a Trump nombrar 22 jueces permanentes y tres temporales en su primer periodo presidencial.
Paralelamente a este complejo escenario político, la Casa Blanca también está lidiando con otra cuestión de envergadura: la revisión por parte del CFIUS (Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos) de la adquisición de la siderúrgica US Steel por parte de Nippon Steel. El CFIUS, al no lograr un consenso sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional, ha remitido la decisión final al presidente Biden, quien ya ha expresado previamente su oposición a la transacción.
US Steel, por su parte, ha manifestado que esta fusión representa “la mejor manera” de asegurar el futuro de la empresa y sus empleados, mejorando, según afirman, la seguridad nacional y económica de Estados Unidos a través de la inversión en manufactura e innovación.
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