Controversia por orden de Trump que obliga a reclusas transgénero a estar en prisiones de hombres
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Nicol Matuz ScottLa orden, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, fue firmada por el Presidente Donald Trump y establece cambios radicales en el manejo de reclusas transgénero dentro del sistema penitenciario federal. Se espera un fuerte impacto en las aproximadamente 1,500 mujeres transgénero recluidas actualmente, lo que representa un 15% del total de mujeres presas a nivel federal. Cabe destacar que esta cifra contrasta con los 750 hombres transgénero en las mismas instalaciones.
El núcleo de la controversia reside en la decisión de obligar a las prisiones federales a alojar a las mujeres transgénero en instalaciones para hombres. Esta medida, según la administración, busca proteger la seguridad y el bienestar de las mujeres cisgénero. Sin embargo, organizaciones como el National Center for Lesbian Rights, lideradas por Shannon Minter, alertan sobre el aumento considerable de riesgos de abuso sexual y agresiones físicas a los que se verán expuestos las personas transgénero con este cambio. “Esto también es perjudicial para los funcionarios penitenciarios, que ahora pierden la capacidad de tomar decisiones basadas en la seguridad y las necesidades específicas de cada caso”, afirma Minter.
Además del cambio en el alojamiento, la orden prohíbe el uso de fondos federales para tratamientos médicos relacionados con la transición de género. Esta restricción incluye terapia hormonal y procedimientos quirúrgicos, considerados por la Asociación Médica Estadounidense como necesarios para abordar la disforia de género. Jasmine Tasaki, directora ejecutiva de Black and Pink, una organización que defiende a las personas LGBTQ encarceladas, advierte sobre las graves consecuencias de suspender estos tratamientos. “Quitarle los tratamientos hormonales a alguien puede causar una profunda depresión. Para las mujeres trans, perder las características físicas adquiridas puede ser devastador”, señala Tasaki, quien también denuncia el incremento en el uso del confinamiento solitario como una medida “de seguridad”.
La orden también modifica el Prison Rape Elimination Act, considerando el estatus transgénero como un factor de riesgo a modificar según sea “necesario” para las asignaciones de alojamiento. Diversos expertos legales anticipan desafíos judiciales a la medida, argumentando que viola los derechos constitucionales de las personas transgénero y la obligación del gobierno de proteger a los reclusos vulnerables, como se estableció en el caso Farmer v. Brennan (1994). Dee Farmer, demandante en dicho caso y ahora activista, expresa su preocupación: “Ayer recibí tres llamadas de pánico de mujeres trans que temen por lo que les va a pasar”.
El impacto de esta orden ejecutiva se extiende más allá de las paredes de las prisiones, desatando un debate complejo sobre derechos humanos, seguridad y la propia definición de género en el contexto del sistema judicial estadounidense. El Williams Institute de la UCLA destaca que las personas transgénero, a pesar de representar menos del 1% de la población adulta estadounidense, son desproporcionadamente afectadas por el sistema de justicia penal.
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