Medidas migratorias de Trump: Aumento en deportaciones y procesos más estrictos
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Nicol Matuz ScottLa administración Trump, en su segundo mandato, ha intensificado las medidas migratorias, declarando el estado de emergencia nacional en la frontera con México. Esto ha desencadenado un aceleramiento de las deportaciones, una promesa de campaña que ahora se materializa.
Pero, ¿qué implica este proceso de deportación? Según datos oficiales, un extranjero puede ser expulsado si entró ilegalmente al país, cometió un delito, violó las leyes de inmigración o está involucrado en actividades que amenazan la "seguridad pública". La aplicación de la Ley de enemigos extranjeros de 1798, invocando la eliminación de pandillas como la venezolana Tren de Aragua, agrega otra capa de complejidad.
El proceso, según el bufete de abogados New Frontier Immigration Law, generalmente comienza con un arresto por la policía local o federal, seguido del traslado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) recomienda encarecidamente a cualquier migrante detenido que "diga que desea permanecer en silencio y solicite un abogado de inmediato. No le dé ninguna explicación". Recuerda también que si es arrestado por la policía, tiene derecho a una llamada local; si es por ICE, puede comunicarse con su consulado.
Una vez detenido, el migrante puede permanecer en un centro de detención hasta el juicio en una corte migratoria o hasta su expulsión. Existen dos vías: la deportación acelerada para quienes entraron sin control migratorio, sin pasar por una corte; y el proceso judicial, que extiende considerablemente el tiempo. Durante el proceso judicial, se pueden solicitar asilo, ajuste de estatus o cancelación de la remoción. El Departamento de Seguridad Interior (DHS) puede liberar al migrante bajo fianza, mientras continúa el proceso.
En caso de orden de deportación, el migrante puede optar por una salida voluntaria, aunque los criterios son muy estrictos. Las órdenes de deportación son apelables, primero ante la Junta de Inmigración y, en algunos casos, ante la Corte Suprema. Sin embargo, el proceso de apelación puede ser largo, con los acusados encarcelados mientras se resuelve, incluso aquellos con opción de fianza.
La deportación en sí misma varía. En el caso de mexicanos, generalmente se les transporta a la frontera más cercana. Para otros, la expulsión suele ser por avión, con Estados Unidos cubriendo los gastos. Existe el programa Rapid REPAT para aquellos con delitos no violentos, permitiéndoles salir de prisión directamente a sus países de origen. La disposición de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua a recibir a sus ciudadanos deportados, y las condiciones de dichas recepciones, son detalles aún por precisar.
La situación presenta un panorama complejo que afecta a miles de personas, con implicaciones legales y humanitarias de gran envergadura.
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