Trump prohíbe alojamiento de mujeres trans en prisiones federales
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Leonora LagardaEn el centro de la controversia se encuentra una reciente orden ejecutiva firmada por el Presidente Donald Trump. Esta orden, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, tiene implicaciones directas y profundas para la población carcelaria transgénero del país.
La orden establece cambios significativos en las políticas de alojamiento en prisiones federales. Específicamente, prohíbe el alojamiento de mujeres transgénero en instalaciones femeninas, obligando a su traslado a centros penitenciarios para hombres. Este punto, según cifras del Buró de Prisiones, afectaría a alrededor de 1,500 mujeres transgénero actualmente recluidas. Esto representa aproximadamente el 15% de la población carcelaria femenina federal, a pesar de que las personas transgénero representan menos del 1% de la población adulta estadounidense, según el Williams Institute de la UCLA.
Además de la cuestión del alojamiento, la orden ejecutiva también elimina el acceso a tratamientos médicos relacionados con la transición de género para personas transgénero recluidas en prisiones federales e instalaciones de inmigración. Esto incluye terapia hormonal y cirugías de reasignación, tratamientos considerados necesarios por la Asociación Médica Estadounidense para abordar la disforia de género. “Quitarle los tratamientos hormonales a alguien puede causar una profunda depresión. Para las mujeres trans, perder las características físicas adquiridas puede ser devastador,” afirmó Jasmine Tasaki, directora ejecutiva de Black and Pink.
Las consecuencias de estas medidas son motivo de profunda preocupación. Organizaciones defensoras de los derechos de las personas transgénero, como el National Center for Lesbian Rights y Lambda Legal, han expresado su alarma ante el aumento significativo del riesgo de violencia y abuso sexual para las personas transgénero encarceladas. Datos federales revelan que las personas transgénero encarceladas tienen 10 veces más probabilidades de denunciar abuso sexual que otros reclusos.
El impacto de esta orden ejecutiva se extiende más allá de las implicaciones inmediatas para la población transgénero carcelaria. Se espera que la medida enfrente múltiples desafíos legales, basados en precedentes judiciales que establecen la obligación del gobierno de proteger a los presos vulnerables y proveer atención médica necesaria. Casos como Farmer v. Brennan (1994) establecen un precedente legal en la obligación del gobierno de proteger a los reclusos de la violencia. La orden también modifica el Prison Rape Elimination Act, considerando el estatus transgénero como un factor de riesgo para la asignación de alojamiento.
La situación genera incertidumbre en el futuro de las políticas penitenciarias de Estados Unidos y abre una discusión compleja sobre los derechos humanos fundamentales dentro del sistema carcelario.
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