La noticia impacta: el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la orden del Secretario de Estado, Marco Rubio, ha congelado fondos para casi todos sus programas de ayuda exterior. Esta decisión, materializada a través de un cable enviado a embajadas alrededor del mundo, implementa la orden ejecutiva firmada por el Presidente Donald Trump el lunes anterior. La cifra total implicada ronda los 60.000 millones de dólares, aproximadamente el 1% del presupuesto anual estadounidense, una cantidad que representa la mayor aportación a la ayuda exterior global.
El impacto es inmediato y profundo. Programas en áreas como salud, educación, desarrollo económico, lucha contra la corrupción y seguridad, entre otros, se ven amenazados. Como explicó Abby Maxman, directora de Oxfam América, “suspender la financiación podría tener consecuencias de vida o muerte para niños y familias en todo el mundo”. Incluso la ONU, a través de su portavoz adjunto Farhan Haq, ha expresado su preocupación, aunque reconociendo la soberanía de estas decisiones bilaterales.
Sin embargo, existen excepciones. La orden exime específicamente los programas de alimentos de emergencia, cruciales en zonas de crisis como Sudán, donde una hambruna azota a la población en medio del conflicto. También se mantiene la ayuda militar a Israel y Egipto. Curiosamente, la situación de la ayuda militar a Ucrania, previamente incrementada por la administración Biden, permanece incierta, con 3.850 millones de dólares en fondos pendientes de aprobación por parte de Trump.
Esta drástica medida forma parte de la promesa republicana de revisar exhaustivamente la ayuda exterior estadounidense. El Representante Brian Mast, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha prometido un escrutinio minucioso de cada dólar y cada diplomático involucrado. El cable justifica la congelación para asegurar que las asignaciones sean "eficientes, no duplicadas y alineadas con la política exterior del presidente Trump". En los próximos meses, se realizará una revisión completa del sistema de ayuda extranjera, con un informe final a tres meses para que Rubio presente recomendaciones al Presidente.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación internacional y el impacto en países receptores de esta ayuda, generando incertidumbre sobre la continuidad de proyectos cruciales para el desarrollo.