ICE intenta acceso a primaria con mayoría hispana en Chicago
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Leonora LagardaUn incidente reciente en Chicago, Illinois, ha puesto en el foco de atención la compleja interacción entre las escuelas públicas y las autoridades migratorias. En la Escuela Primaria Hamline, un centro de educación K-8 con una matrícula de 529 estudiantes, predominantemente hispanos (90%), se registró un intento de operativo por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
La Directora de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), Bogdana Chkoumbova, confirmó el hecho en una conferencia de prensa, enfatizando que “a los agentes de ICE no se les permitió ingresar a la escuela y no se les permitió hablar con ningún estudiante o miembro del personal.” Chkoumbova recalcó que se siguieron estrictamente los protocolos establecidos por el distrito, asegurando la seguridad de todos los menores.
Este suceso destaca la importancia de las políticas de protección a menores en entornos escolares. La CPS mantiene una postura firme: “CPS no pregunta por el estado migratorio de nuestra familia [estudiantil]. No nos coordinaremos con inmigración y control de aduanas. No comparte los registros de los estudiantes con ICE, excepto en el caso poco común en que haya una orden judicial o el consentimiento de un padre o de un padre o tutor.”
La directora Chkoumbova fue enfática al señalar que el acceso de agentes del ICE a las instalaciones escolares requiere una orden judicial penal firmada por un juez federal. “No permitiremos que los agentes de ICE accedan a las instalaciones de CPS a menos que presenten una orden judicial penal firmada por un juez federal, y no admitiremos a los agentes de ICE en nuestra escuela en base a una orden administrativa, una orden de detención de ICE u otro documento emitido por una agencia que haga cumplir las leyes de inmigración civil,” afirmó.
La decisión del ICE de intentar el operativo, a pesar de la eliminación de la política de “áreas sensibles”, que anteriormente excluía escuelas de las redadas, abre un debate crucial sobre los límites del cumplimiento de la ley en entornos educativos y la necesidad de salvaguardar el bienestar de los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio. El incidente ocurrido en la escuela primaria Hamline refleja la necesidad de un diálogo profundo y una legislación clara para equilibrar las prioridades de seguridad nacional con la protección de los derechos de los menores.
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