Migrantes embarazadas preocupadas por el futuro de sus hijos tras orden de Trump
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Nicol Matuz ScottEn el centro de esta inquietud se encuentra una polémica orden ejecutiva firmada el 20 de enero por el presidente Donald Trump, que busca reinterpretar la 14ª enmienda de la Constitución, la cual garantiza la ciudadanía a todos aquellos nacidos en territorio estadounidense. La orden, titulada "Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense", instruye a las agencias federales a no emitir documentos de ciudadanía a niños nacidos de madres con estatus migratorio irregular o temporal, a menos que el padre sea ciudadano o residente permanente.
Esta decisión, que pretende restringir la ciudadanía por nacimiento (jus soli), ha generado una ola de reacciones. Meny, una hondureña solicitante de asilo en California, embarazada de cuatro meses, expresa su angustia: "Mi hijo ni siquiera vino al mundo y ya le están violando derechos". Su preocupación, compartida por miles de mujeres en situación similar, se centra en el futuro incierto de sus bebés.
La orden ejecutiva ha sido inmediatamente desafiada en los tribunales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos, junto con 22 estados, presentaron demandas para bloquearla, argumentando su inconstitucionalidad. Un juez federal de Seattle, respondiendo a estas demandas, otorgó una suspensión temporal de la orden, calificándola de "descaradamente inconstitucional".
El debate legal se centra en la interpretación de la 14ª enmienda, ratificada en 1868 para garantizar la ciudadanía de los afroamericanos liberados. Mientras que algunos argumentan que la orden se basa en una interpretación errónea de la ley, afirmando que los hijos de inmigrantes indocumentados no están sujetos a la jurisdicción de EE.UU., otros resaltan que la medida busca contrarrestar el "turismo de natalidad". Según datos de Pew Research, en 2016 nacieron en EE.UU. 250,000 bebés de inmigrantes no autorizados.
Las consecuencias de la orden ejecutiva, si se mantiene, podrían ser profundas. Organizaciones como el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) y CASA representan a cientos de miles de solicitantes de asilo y migrantes, muchos de ellos mujeres embarazadas que enfrentan la posibilidad de que sus hijos nazcan sin ciudadanía, generando interrogantes sobre su estatus legal y nacionalidad. ¿Serían apátridas? ¿Cuál sería su acceso a la salud y la educación?
Leidy Pérez, abogada de ASAP, reitera la urgencia de obtener una resolución judicial definitiva que impida la aplicación de la orden. La incertidumbre genera un profundo estrés y ansiedad entre las familias afectadas, muchas de las cuales ya han experimentado la discriminación y la violencia en sus países de origen y en su camino hacia Estados Unidos, obligándolas a tomar decisiones extremas.
Casos como el de Trinidad García, una venezolana que espera dar a luz en agosto y teme que su bebé nazca sin ciudadanía alguna, o el de Niurka, una cubana que enfrenta el mismo temor, ilustran la complejidad de esta situación. La imprecisión del lenguaje en la orden ejecutiva, términos como "presencia ilegal" o "temporal", añaden otra capa de incertidumbre para personas con estatus migratorio TPS o DACA.
La batalla legal apenas comienza, y las implicaciones de esta decisión, para millones de niños y sus familias, son considerables. El futuro de estos menores nacidos en suelo estadounidense, pende de un hilo, en medio de un debate que involucra la interpretación de la ley, las políticas migratorias y los derechos humanos.
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