El foco de atención se centra en la muerte de Robert Brooks, un interno del centro correccional Marcy, al norte del estado. Brooks falleció tras una brutal agresión en diciembre pasado, a manos de, según reportes preliminares, 15 empleados del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (DOCCS).
Una autopsia reveló un panorama desgarrador: hematomas extensos, fractura nasal, sangrado en genitales y cuello, y asfixia por compresión del cuello como causa principal de muerte. Quince funcionarios penitenciarios y dos enfermeras fueron suspendidos sin sueldo tras el incidente; un funcionario renunció. Sin embargo, para activistas por la reforma carcelaria, estas medidas son insuficientes.
En respuesta a esta tragedia, la senadora estatal Julia Salazar, junto con otros 29 legisladores, ha presentado un paquete de tres proyectos de ley que buscan reformar radicalmente el sistema. “No podemos tolerar que otra persona sea asesinada en nuestras prisiones estatales,” enfatiza Salazar, planteando la necesidad urgente de transparencia y rendición de cuentas.
Este paquete legislativo, bautizado “Transparencia y rendición de cuentas”, incluye:
- ‘Disciplina DOCCS’: Otorgaría al comisionado del DOCCS la autoridad para disciplinar a los oficiales acusados de mala conducta, eliminando la actual dependencia de árbitros externos, a menudo influenciados por el sindicato de oficiales.
- Defensor del Pueblo del DOCCS: Crearía una Oficina del Defensor del Pueblo Correccional y una Junta de Supervisión Correccional independientes, encargadas de recibir quejas, supervisar el trato a los internos y actuar ante problemas.
- Mayor supervisión independiente: Ampliaría el mandato de la Asociación Correccional de Nueva York (CANY), permitiendo una supervisión más efectiva de las prisiones, incluyendo el acceso total a los registros y la eliminación de restricciones en las visitas.