El nombre de Laken Riley resonó con fuerza en Washington esta semana. Esta joven estudiante de enfermería de 22 años, asesinada en 2023, se convirtió en el centro de una polémica ley de inmigración firmada por el Presidente Donald Trump: la Ley Laken Riley.
Esta legislación, aprobada recientemente, establece la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados acusados de delitos relacionados con robos. Además, permite a los fiscales generales estatales demandar al gobierno federal si consideran que sus estados han sido perjudicados por la falta de cumplimiento de las leyes de inmigración. La ley se basa en el caso del asesino de Laken Riley, José Ibarra, un inmigrante indocumentado de Venezuela condenado a cadena perpetua.
Durante una reunión con republicanos de la Cámara de Representantes en su club de golf de Miami, Trump declaró: “Que una ley de tanta importancia lleve su nombre es un gran tributo”. También añadió: “Esto demuestra el potencial para leyes adicionales de cumplimiento que nos ayudarán a acabar con los delincuentes extranjeros y a restablecer totalmente el estado de derecho en nuestro país”.
Sin embargo, la medida ha recibido fuertes críticas. Sarah Mehta, asesora principal de política fronteriza de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la calificó como: “Una ley extrema y reactiva que autorizará la mayor expansión de la detención obligatoria que hemos visto en décadas, afectando a niños, Dreamers, padres de hijos ciudadanos estadounidenses y otros miembros de larga data de sus comunidades a quienes incluso el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) considera que no deberían estar detenidos”. Mehta también señaló que “la legislación no ofrece soluciones para mejorar nuestro sistema de inmigración”.
Por su parte, Mari Urbina, directora general del grupo progresista Indivisible, señaló que “reforzar el mensaje antiinmigrante de los republicanos y darles victorias políticas sin luchar no es un plan… La política de inmigración es un campo de juego para los republicanos que usan a los inmigrantes como chivos expiatorios para expandir su poder, pero nunca ofrecen soluciones reales, y los demócratas no deberían jugar”.
Además de la Ley Laken Riley, la administración Trump ha implementado otras medidas restrictivas en materia migratoria, incluyendo la revocación del estatus de protección temporal para 600,000 venezolanos y el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento (medida temporalmente bloqueada por un juez). Estas acciones, consideradas por algunos como una "invasión", han generado un debate nacional sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos.