Nombres como el de John Bolton, exasesor de seguridad nacional y crítico acérrimo de Donald Trump, empiezan a sonar con fuerza. “Cualquiera que alguna vez esté en desacuerdo con Trump tiene que preocuparse por la represalia,” afirma Bolton, reflejando la creciente ansiedad entre quienes se han cruzado en el camino del magnate. No es una preocupación aislada; al menos media docena de exfuncionarios, hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias, comparten sus aprensiones.
La preocupación no se limita a la posibilidad de procesos judiciales. Se extiende a acciones aparentemente menores, pero con implicaciones significativas: dificultades para renovar pasaportes, auditorías fiscales, e incluso la pérdida de pensiones federales. La revocación de los permisos de seguridad para decenas de exfuncionarios de inteligencia, ordenada por Trump menos de 24 horas después de asumir el cargo, es un ejemplo claro de esta estrategia. Esta medida puede tener un impacto devastador en las carreras de quienes trabajan para contratistas de defensa, al limitar su acceso a información clasificada.
El índice de operativos del “Estado profundo” compilado por Kash Patel, nominado por Trump para dirigir el FBI, añade otra capa de complejidad a la situación. Muchos de los exfuncionarios temerosos aparecen en este listado, agravando la sensación de estar bajo la lupa de una administración con un evidente interés en la retribución.
El miedo no es solo a las condenas penales, sino a los altos costos legales que implicarían investigaciones criminales, investigaciones legislativas o demandas por difamación. “Si tienes el control del poder ejecutivo y no te importa mucho si estás siguiendo las reglas o la ley, hay mucho que podrías hacer que es bastante difícil de detener,” advierte Barton Gellman, asesor del Centro Brennan para la Justicia, quien participó en simulaciones sobre la respuesta a una presidencia autoritaria, donde se evidenció la vulnerabilidad de las instituciones ante un presidente decidido.
Ante este panorama, abogados y grupos de la sociedad civil se están organizando para brindar apoyo legal y financiero a los potenciales afectados. Norm Eisen y Mark Zaid, entre otros, están movilizando recursos para enfrentar la posible ofensiva. La situación resalta la fragilidad de las instituciones ante la voluntad de un líder con un marcado interés en la venganza política, y la incertidumbre que esto genera en quienes han sido o podrían ser sus adversarios.