Organizaciones demandan a Trump por redadas migratorias en zonas religiosas protegidas
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Nicol Matuz ScottEl epicentro de la controversia se encuentra en una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump el 21 de enero. Esta orden, que revoca una directiva de su predecesor, Joe Biden, permite a las autoridades migratorias realizar redadas en lugares considerados previamente "zonas protegidas", incluyendo escuelas, hospitales… e iglesias.
La reacción no se hizo esperar. Veintisiete organizaciones religiosas, representando a diversas denominaciones —desde bautistas y evangélicos hasta judíos conservadores y reformistas— han presentado una demanda colectiva ante la corte federal del Distrito de Columbia. Entre las organizaciones demandantes se encuentra la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN), liderada por el Reverendo Carlos Malavé, quien declaró a EFE: “La libertad religiosa de nuestras iglesias y de nuestros miembros está siendo atacada.”
El argumento central de la demanda radica en la violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad religiosa. Las organizaciones argumentan que la orden de Trump no solo vulnera esta enmienda, sino también la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de 1993. Según Kelsi Corkran, abogada del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP) y parte del equipo legal de la demanda, “Lo único que cambia con la revocación de la medida anterior es que ahora las autoridades pueden ingresar en cualquier momento para llevar a cabo una acción de control migratorio.”
Las consecuencias de esta medida, según los demandantes, son devastadoras. Muchos feligreses han dejado de asistir a los servicios religiosos por temor a las redadas, una situación comparada por el Reverendo Malavé con la vivida durante la pandemia de COVID-19. “Con la pandemia la gente no salía porque temían por su salud física. Ahora no quieren salir porque temen por su vida de otra forma… temen por su vida y por el bienestar de su familia,” explicó.
La demanda busca invalidar la orden presidencial y prohibir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar detenciones en iglesias, excepto en circunstancias excepcionales. El impacto de esta situación en las comunidades religiosas es palpable: un clima de miedo e incertidumbre que amenaza la libertad de culto y la labor de ayuda a los migrantes que muchas iglesias realizan.
Los demandantes recalcan que la acogida a los migrantes es un principio fundamental de su fe, y que muchas iglesias han funcionado como "santuarios" ofreciendo protección a aquellos en riesgo de deportación. La demanda destaca que la amenaza de redadas ya está causando un "efecto paralizante" en muchas comunidades religiosas.
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