Florida: Pena de muerte para migrantes que cometan delitos graves
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Leonora LagardaSe trata de una iniciativa ambiciosa que, según sus promotores, busca reforzar la seguridad y el orden, mientras que sus detractores la califican de draconiana y posiblemente inconstitucional.
El epicentro de la polémica reside en la figura del gobernador Ron DeSantis, quien firmó este jueves las leyes tras un largo tira y afloja con la legislatura estatal. Se asignaron 298 millones de dólares a la iniciativa, una inversión considerable que incluye la contratación de más de 50 agentes especializados en migración, además de subvenciones para equipamiento y capacitación de agencias locales, bonificaciones para oficiales y reembolsos por el alquiler de centros de detención. “Estamos a la vanguardia en la resolución de la crisis de inmigración ilegal (sic)”, declaró DeSantis en la ceremonia de firma.
Pero la medida más controvertida es, sin duda, la imposición de la pena de muerte para migrantes indocumentados declarados culpables de delitos como asesinato premeditado o violación de menores. Esta disposición va mucho más allá de lo planteado por la administración Trump, y ha desatado una ola de críticas. Los demócratas y organizaciones defensoras de los derechos civiles argumentan que dicha disposición es claramente inconstitucional, citando precedentes de la Corte Suprema. La tensión entre los partidarios de Trump y DeSantis, quien aspira a la presidencia en 2028, también ha marcado el proceso legislativo, con el senador republicano Joe Gruters reconociendo que “Todavía hay sentimientos heridos, en ambas partes.”
El debate no se limita a Florida. Estados vecinos como Alabama y Georgia también están avanzando en medidas restrictivas. Alabama, por ejemplo, está considerando proyectos de ley que permitirían a las cárceles retener a personas para verificar su estatus migratorio y tomar muestras de ADN de migrantes indocumentados. Mientras que Georgia aprobó una ley que permite demandar a gobiernos locales que no cooperen con las autoridades federales en materia migratoria, una respuesta al asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley a manos de un migrante venezolano indocumentado, según las autoridades.
Más allá de las cifras y las declaraciones políticas, queda claro que este es un tema complejo con implicaciones de largo alcance que trascienden las fronteras estatales y que continuará generando debate en los próximos meses.
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