Abogado de niños migrantes denuncia 'estrategia de miedo' tras orden de Trump
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Nicol Matuz ScottEl epicentro de esta crisis se encuentra en una orden de cese de actividades, emitida por la administración de Donald Trump, dirigida a organizaciones que brindan asistencia legal a niños inmigrantes no acompañados. Public Counsel, un reconocido bufete pro bono de California, recibe un duro golpe, ya que la orden afecta directamente su contrato con Acacia Center for Justice, que supervisa el principal contrato federal en este ámbito. Esta colaboración significaba más de $1 millón anuales para representar a más de 200 niños vulnerables al año.
“Esta decisión nos tomó completamente por sorpresa; fue realmente inesperado,” comenta Joel Frost-Tift, Abogado Supervisor Senior en Public Counsel, en una entrevista exclusiva con un medio. “Aún estamos intentando determinar nuestros próximos pasos, pero seguiremos brindando representación a nuestros clientes. Tenemos obligaciones éticas con ellos, independientemente de los fondos recibidos.”
La situación es crítica. Según Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center, la orden paraliza inmediatamente el financiamiento para actividades vitales como las presentaciones de “conoce tus derechos”, donde los menores aprenden sobre sus opciones legales, incluyendo asilo y visas para jóvenes abusados, abandonados o descuidados. Se estima que alrededor de 26,000 menores se verán afectados por este cese de fondos.
La magnitud del problema se agrava al considerar que, según Frost-Tift, un menor inmigrante tiene cinco o seis veces más probabilidades de éxito en su caso si cuenta con representación legal. Sin ella, estos niños, algunos demasiado pequeños para hablar o leer, se enfrentarán solos a un sistema abrumador.
“La mayoría de nuestros clientes son niños o jóvenes adultos, y es particularmente difícil para ellos porque muchos no tienen padres aquí. Pueden estar con un pariente lejano o un amigo, sin alguien que los defienda. Por eso es crucial que tengan la representación legal a la que tienen derecho,” explica Frost-Tift.
Las dificultades van más allá de la simple representación legal. Llenar formularios de inmigración es complejo, incluso para hablantes nativos de inglés. Para los niños migrantes, la barrera del idioma añade una dificultad extra. Además, la falta de apoyo se extiende a otras áreas esenciales, como educación, atención médica y seguridad, elementos críticos para su reconstrucción de vida.
El Departamento del Interior justificó la medida citando reglas de contratación. Sin embargo, Frost-Tift considera que la justificación es poco clara y apunta a una estrategia más amplia para disuadir a los migrantes de buscar apoyo legal: “Creo que la administración intenta crear un clima de miedo, para desalentar a las personas de hacer lo que tienen derecho a hacer: brindar representación e informar sobre sus derechos a los inmigrantes. Intentan asustarlos para que no lo hagan, pero nosotros no cedemos a esas tácticas de miedo.”
Mientras Public Counsel explora opciones, incluyendo posibles acciones legales, la incertidumbre sobre el futuro de miles de niños migrantes permanece.
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