AP demanda al gobierno de Trump tras veto por usar 'Golfo de México'
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La Associated Press (AP), una agencia con una historia que se remonta a 1846, se ha visto envuelta en una batalla legal con la administración del presidente Donald Trump. El conflicto se centra en un punto aparentemente trivial: el nombre del Golfo de México.
La orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, primer día de su segundo mandato, decretó el cambio de nombre a "Golfo de América". El 9 de febrero, se celebró incluso el "Día del Golfo de América". Sin embargo, la AP, fiel a su guía de estilo, continuó refiriéndose al cuerpo de agua por su nombre tradicional. Esta decisión desencadenó una represalia por parte de la administración Trump.
El 14 de febrero, la AP fue vetada del Despacho Oval y del Air Force One. La agencia, lejos de acatar la orden presidencial, presentó una demanda el 21 de febrero ante un juzgado federal de Washington D.C. La demanda, de 18 páginas, se dirige contra tres figuras clave de la Casa Blanca: Susie Wiles (Jefa de Gabinete), Taylor Budowich (Segundo al mando) y Karoline Leavitt (Portavoz).
“La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del Gobierno. La Constitución no permite al Gobierno controlar la libertad de expresión,” sostiene la AP en su comunicado.
La respuesta de Trump no se hizo esperar. El mismo viernes de la presentación de la demanda, el presidente calificó a la AP como “lunáticos de izquierda radical” y una “empresa de tercera categoría con un nombre de primera”.
Más de treinta medios de comunicación, incluyendo tanto a cadenas conservadoras como Fox News y Newsmax, como a publicaciones de tendencia liberal como The New York Times y CNN, han pedido al gobierno que reconsidere su decisión y restablezca el acceso de AP a los eventos presidenciales. La situación subraya la importancia de la independencia editorial y la tensión creciente entre el poder ejecutivo y la prensa en Estados Unidos.
El caso continúa su curso en los tribunales, con la AP defendiendo su derecho a la libertad de expresión frente a las presiones gubernamentales. La resolución de este conflicto tendrá implicaciones significativas para el futuro del periodismo en el país.