Caída de Fiscal Esparza: Megaoperativo contra tráfico de armas entre EEUU y México
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Leonora LagardaEsparza supervisó 41,000 procesos penales federales durante su mandato. Entre ellos, destaca la desarticulación de una red de tráfico de armas que involucraba a ciudadanos estadounidenses y mexicanos. Esta red, según la investigación, tenía una sofisticada estrategia: las piezas de armas AR-15 se enviaban desde Estados Unidos y eran ensambladas en una empresa establecida en Monterrey, Nuevo León.
Si bien la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), junto con otras agencias estadounidenses, continúan la investigación, la información pública sobre la participación de las autoridades mexicanas es limitada. Se sabe que el fiscal Esparza sentenció a dos mexicanos, José Francisco García Cervantes y Ricardo Rodríguez Sotelo, a penas de prisión por su colaboración en este tráfico ilegal. "García Cervantes actuó como contrabandista... Rodríguez Sotelo preparaba las piezas... para su envío en camión a México," se lee en documentos judiciales.
La investigación apunta a un empresario regiomontano que, según los fiscales estadounidenses, recibió apoyo legal para establecer la empresa de ensamblaje en Monterrey. Sin embargo, ni el nombre del empresario ni el de la compañía aparecen en los registros públicos de la corte. Este detalle agrega una capa de misterio al caso, alimentando especulaciones sobre la posible implicación de otras figuras relevantes.
La red, liderada por el estadounidense Chandler Britain Bradford, logró eludir la vigilancia en los puentes internacionales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, utilizando camiones de carga y servicios de paquetería. “Bradford participó en un plan multimillonario para proporcionar ilegalmente miles de rifles semiautomáticos… recibió más de $3.5 millones de su co-conspirador,” afirma un comunicado de la Corte Federal. Bradford y sus cómplices enfrentan cargos que podrían resultar en condenas de hasta 20 años de prisión.
Más allá del caso principal, la labor de Esparza incluyó otras sentencias importantes, como la de Miguel Tapia Bárcenas, quien intentaba ingresar armas y dinero a México, y la de Harsimran Dhaliwal, un ciudadano canadiense involucrado en el tráfico de armas hacia su país. También se destaca la sentencia contra Aden Ethan Cantú por tráfico de dispositivos de conversión de armas automáticas.
El caso destaca la compleja dinámica del tráfico de armas entre Estados Unidos, México y Canadá, la necesidad de mayor colaboración internacional y la urgencia de investigar a fondo la posible participación de actores mexicanos en redes de tráfico de armamento.
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