AP demanda a Trump por censurar libertad de prensa
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Leonora LagardaEl debate no gira en torno a un tema abstracto, sino a algo tan concreto como la nomenclatura geográfica, con implicaciones políticas y mediáticas de gran envergadura. En el ojo del huracán se encuentra la Associated Press (AP), una agencia con una larga trayectoria, fundada en 1846, que ha demandado a tres altos funcionarios de la administración Trump: Susie Wiles (jefa de gabinete), Taylor Budowich (número dos) y Karoline Leavitt (vocera de la Casa Blanca). La razón: la prohibición de acceso al Despacho Oval y al Air Force One luego de que AP se negara a utilizar el término "Golfo de América" en lugar de "Golfo de México".
La demanda, de 18 páginas, presentada ante un tribunal federal en Washington D.C., argumenta que la prohibición constituye una violación a la libertad de prensa. "La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del gobierno. La Constitución no permite al gobierno controlar la libertad de expresión," sostiene la AP en su comunicado.
El conflicto se originó el 14 de febrero, cuando la Casa Blanca bloqueó el acceso a AP tras la negativa de la agencia a cambiar la denominación del Golfo. La orden ejecutiva de Trump, firmada el 20 de enero, establecía el nuevo nombre, incluso llegando a declarar el 9 de febrero como "Día del Golfo de América". AP, en su guía de estilo, mantiene la denominación original, reconociendo el cambio propuesto pero argumentando la pertinencia histórica y geográfica del nombre tradicional.
La decisión de AP ha generado una ola de apoyo. Más de 30 medios de comunicación, incluyendo a Fox News, Newsmax, The New York Times, The Washington Post, CNN, The Wall Street Journal y The Atlantic, han pedido al gobierno que restablezca el acceso de AP a los eventos presidenciales. Curiosamente, Trump calificó a la AP como "lunáticos de izquierda radical" y "una empresa de tercera categoría con un nombre de primera".
El caso plantea un debate crucial sobre los límites del poder ejecutivo en la regulación de la información y el derecho fundamental a la libertad de prensa en un contexto político polarizado.
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