Demanda contra Patrulla Fronteriza por redadas ilegales en California
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Nicol Matuz ScottLa tensión se centra en una operación de tres días, denominada "Operación Regreso al Remitente", llevada a cabo por el sector El Centro de la Patrulla Fronteriza. Esta operación, realizada en enero, resultó en la detención de cerca de 200 personas, al menos 40 de las cuales fueron deportadas a México bajo acuerdos de "salida voluntaria," según reporta The Miami Herald. Esta acción, realizada sin la participación de ICE (Inmigración y Control de Aduanas), ha encendido las alarmas.
La organización United Farm Workers y cinco residentes del Condado de Kern han presentado una demanda ante la corte federal del Distrito Este de California contra el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, y la Patrulla Fronteriza. La demanda, que busca una resolución de tipo colectivo, alega "redadas ilegales, arrestos indiscriminados y expulsiones coercitivas".
Según la denuncia, muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales y algunos incluso tenían solicitudes de inmigración pendientes. La abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California, Bree Bernwanger, afirmó en un comunicado: "Las prácticas ilegales de la Patrulla Fronteriza no hacen a nadie más seguro. Aterrorizan a las comunidades, violan la Constitución e ignoran los límites que el Congreso ha impuesto a los agentes de inmigración."
El documento describe tácticas de aplicación de la ley agresivas, incluyendo alegatos de agentes rompiendo ventanas de autos, cortando neumáticos y deteniendo a individuos sin explicación. Además, se afirma que los detenidos fueron mantenidos en condiciones que carecían de higiene básica y presionados para firmar acuerdos de salida sin ser informados de sus derechos legales.
Una de las demandantes, María Hernández Espinoza, declaró que fue obligada a firmar documentos que no pudo leer, aceptando inconscientemente abandonar el país: "Nos detuvieron porque parecemos latinos o trabajadores agrícolas, por el color de nuestra piel. Fue injusto. Espero que nuestros derechos sean protegidos para que todos los trabajadores puedan trabajar y vivir en paz."
Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a The Miami Herald que las acciones de la Patrulla Fronteriza son "altamente específicas" y que cualquier alegato de mala conducta será referido para su investigación. El caso promete un largo camino legal, con implicaciones significativas para las comunidades agrícolas del Valle de San Joaquín y la política migratoria estadounidense.
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