El Gobierno de Trump pide al Supremo revisar decreto sobre ciudadanía por nacimiento
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Nicol Matuz ScottEl foco de atención se centra en una decisión del Gobierno del presidente Donald Trump, tomada en sus primeros días de su segundo mandato. Se trata de un decreto que busca modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un pilar fundamental del sistema legal estadounidense. Este decreto, firmado el segundo día de su gestión, generó una ola de controversias que se han extendido hasta nuestros días.
La Enmienda 14 de la Constitución de 1868, que garantiza la ciudadanía a todo aquel nacido en territorio estadounidense, se encuentra en el corazón de este debate. El decreto de Trump busca una interpretación diferente de esta enmienda, una interpretación que, según sus detractores, atenta contra los principios fundamentales del país.
La respuesta judicial no se hizo esperar. Tres jueces federales, en Maryland, Washington y Massachusetts, emitieron órdenes judiciales separadas, bloqueando temporalmente el decreto a nivel nacional. “Las órdenes judiciales de alcance universal se han vuelto una epidemia desde el inicio de la actual administración”, afirmó la fiscal Sarah M. Harris ante el Tribunal Supremo, describiendo la situación.
Ante este panorama, el gobierno de Trump ha recurrido al Tribunal Supremo, solicitando que se revoquen parcialmente las órdenes judiciales. Su petición es específica: que se permita la aplicación del decreto en los 28 estados que no presentaron demandas, limitando el bloqueo a los 22 estados demandantes. Esta solicitud se presenta como una medida de emergencia, considerando que el proceso legal podría prolongarse por meses o incluso años.
El Tribunal Supremo, con su mayoría conservadora, tiene la última palabra. La decisión de aceptar o rechazar la petición de emergencia es crucial y definirá el rumbo de este polémico asunto. La espera se intensifica mientras se aguarda la resolución de un caso que ha puesto en jaque uno de los principios más arraigados del sistema legal estadounidense. La petición, presentada a mediados de Marzo del 2025, genera una nueva incertidumbre en el escenario político.
La administración Trump, como en su primer periodo, se ha enfrentado a una serie de desafíos legales desde el inicio de su segundo mandato. Esta situación destaca la complejidad del sistema de pesos y contrapesos, una característica fundamental de la democracia estadounidense.
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