Maduro se compromete a "todo" para liberar a los venezolanos deportados a El Salvador
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Nicol Matuz ScottEn el epicentro de esta controversia se encuentra la deportación masiva de 238 venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos a El Salvador. Estos individuos, acusados de pertenecer a la banda criminal "Tren de Aragua", fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en Tecoluca. Imágenes difundidas muestran a los deportados, esposados, obligados a arrodillarse y con la cabeza rapada, durante su llegada.
El gobierno de Nicolás Maduro ha respondido con indignación, calificando la acción como "ilegal y anacrónica", y haciendo comparaciones con "los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis". Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, declaró que se emplearán "todos los países y las relaciones bilaterales, las estrategias legales" para lograr el regreso de sus ciudadanos. Incluso llegó a afirmar: "Hablaremos hasta con el diablo para que los venezolanos regresen a sus hogares".
Entre los deportados, se afirma que hay menores de edad, incluyendo adolescentes de 14 años, a quienes se acusa de haber sido "secuestrados salvajemente" sin el debido proceso. Además, se alega que les fueron confiscados sus bienes personales. El régimen de Maduro cuestiona la legalidad de las deportaciones, argumentando que se utilizara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley invocada durante la Segunda Guerra Mundial para el internamiento de japoneses-americanos.
La administración Trump justificó las deportaciones, argumentando que los vuelos salieron antes de que un juez federal emitiera una orden judicial provisional para detener el proceso. Se recalcó la autoridad constitucional del presidente en temas de política exterior y seguridad nacional. El Salvador, por su parte, aceptó albergar hasta 300 migrantes por un año, con un costo reportado de 6 millones de dólares. Según el presidente Nayib Bukele, "Estados Unidos pagará un precio bajo por ellos, pero para nosotros será un precio alto".
Las circunstancias que rodean estas deportaciones han generado un complejo entramado de controversias legales y éticas, plantea interrogantes sobre las relaciones internacionales y la aplicación de leyes en situaciones de crisis humanitaria.
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