Memorándum de Trump amenaza a la seguridad alimentaria de inmigrantes
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Nicol Matuz ScottRecientemente, la administración Trump en Estados Unidos ha generado controversia con un memorando del Secretario de Agricultura, Brooke Rollins, dirigido al Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del Departamento de Agricultura. Según reporta The Guardian, el memorando instruye a utilizar "toda la autoridad legal disponible para terminar con cualquier incentivo en los programas de beneficios del FNS que fomenten la inmigración ilegal."
Rollins declara tajantemente: "Los días en que los dólares de los contribuyentes se utilizan para subsidiar la inmigración ilegal han terminado." Esta afirmación, sin embargo, ha desatado una ola de críticas. Analistas como Juan Carlos Gómez, del Centro para el Derecho y la Política Social (Clasp), califican la medida como una "postura para intentar dañar a las comunidades", argumentando que los inmigrantes indocumentados ya son, desde hace tiempo, inelegibles para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de comida.
La preocupación no se limita al SNAP. Emily Loveland, profesora de la Universidad Estatal de California, señala que la administración podría intentar restringir el acceso a otros programas, como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP), a pesar de que estos no requieren la ciudadanía para su acceso. "Realmente parece que las familias inmigrantes están siendo blanco para que les quiten la comida de sus platos," advierte Loveland.
El memorando, fechado el 25 de febrero, se basa en la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, que prohíbe a los inmigrantes indocumentados recibir beneficios como el SNAP. Aunque no modifica las reglas de elegibilidad, se argumenta que el mensaje en sí mismo podría generar un "efecto escalofriante", disuadiendo la participación de familias inmigrantes y familias con estatus mixto.
La situación se complica aún más con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 19 de febrero, que instruye a las agencias federales a identificar todos los programas financiados por el gobierno que brinden beneficios financieros a "extranjeros ilegales" y tomar medidas correctivas. A pesar de que la orden cita estimaciones de costos asociados con los inmigrantes indocumentados, investigaciones recientes del Cato Institute demuestran que los inmigrantes no ciudadanos consumen significativamente menos beneficios de bienestar que los estadounidenses nativos. De hecho, "consumieron un 54% menos de asistencia social que los estadounidenses nacidos en el país."
Economistas como Chloe East advierten que la retórica tiene un gran impacto en el comportamiento. "Incluso los hogares con niños ciudadanos estadounidenses tendrán menos probabilidades de recibir SNAP porque los padres temen que pueda afectar su estatus migratorio o llevar a una deportación." La incertidumbre y el miedo se convierten en obstáculos para el acceso a recursos esenciales, generando un impacto profundo en la seguridad alimentaria de las familias.
El debate sobre las políticas migratorias y su relación con los programas de asistencia social en Estados Unidos sigue abierto, con implicaciones que trascienden las fronteras y generan reflexiones sobre la protección de los más vulnerables.
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