Venezolanos deportados a El Salvador desaparecen del registro del ICE

El centro de la historia son decenas de venezolanos deportados a El Salvador bajo la administración Trump, utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó recientemente el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), una prisión de alta seguridad en El Salvador donde se encuentran recluidos.
Lo sorprendente es que estos individuos, acusados por el gobierno estadounidense de pertenecer a la pandilla "Tren de Aragua", han desaparecido de los registros en línea del ICE (Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.). Este hecho genera una serie de interrogantes sobre su situación legal y su futuro inmediato.
Según un informe de The Associated Press, no hay constancia de que estos detenidos hayan comparecido ante un juez en El Salvador, ni que estén cumpliendo condena alguna. Sus familias y representantes legales aseguran que no tienen antecedentes penales y que se les negó el debido proceso antes de la deportación.
"Por extensión, pedimos que esto se aplique a todos los venezolanos detenidos en El Salvador," declaró a la AP el abogado Jaime Ortega, quien representa a 30 de los detenidos y ha presentado un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador solicitando su liberación.
El gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, afirma que Estados Unidos paga una tarifa anual por su encarcelamiento. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionan la legalidad de su detención, argumentando una falta de justificación legal. La situación se complica aún más por la ausencia de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Venezuela desde 2019, dejando a los detenidos sin apoyo consular.
La visita de la Secretaria Noem al CECOT generó más incertidumbre. Cuando se le preguntó si los detenidos podrían ser recluidos indefinidamente o devueltos a Estados Unidos si un tribunal así lo ordena, Noem se negó a aclarar la situación: "Vamos a dejar que los tribunales se pronuncien."
Mientras tanto, un juez estadounidense emitió una orden que bloquea temporalmente las deportaciones, pero la administración argumenta que los vuelos ya en tránsito estaban exentos. La situación legal sigue en desarrollo, dejando el futuro de estos venezolanos en una incógnita.
El gobierno venezolano y el Comité de Familias de Inmigrantes en Venezuela contrataron a un abogado, Salvador Ríos, quien afirma que "no son miembros del Tren de Aragua y no tienen antecedentes penales."