Texas: 65 leyes endurecen política migratoria
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Leonora LagardaEn el corazón de la controversia se encuentran más de 65 proyectos de ley presentados por los republicanos en la Legislatura de Texas. Estas iniciativas, impulsadas por la línea dura del partido, reflejan la agenda planteada por el expresidente Trump y abarcan áreas como la seguridad fronteriza, el registro electoral y el acceso a la educación.
El vicegobernador Dan Patrick, en una entrevista, afirmó: “Sin importar lo que haya que hacer día a día, semana tras semana, mes tras mes, estamos decididos a asegurar la frontera”. Esta declaración resume el enfoque de la mayoría republicana en la Legislatura. Entre las iniciativas más destacadas, se encuentra la creación de un Departamento de Seguridad Nacional de Texas, una propuesta que busca fortalecer el control estatal en materia migratoria. Otra propuesta clave es el requerimiento de comprobante de ciudadanía para el registro electoral, medida que ha generado preocupación entre los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
Se propone además eliminar la colegiatura de residente estatal para estudiantes indocumentados, una medida que incrementaría significativamente el costo de la educación superior para esta población. Asimismo, hay proyectos de ley que buscan obligar a los oficiales de policía locales a verificar el estatus migratorio de las personas detenidas.
Diversas opiniones se han manifestado al respecto. Brandon Rottinghaus, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Houston, señala que: “Políticamente, ser duro en inmigración nunca va a dejar de estar de moda para los republicanos”. Por otro lado, el representante estatal demócrata Ramón Romero critica estas iniciativas, argumentando que “Los líderes de Texas deberían estar protegiendo nuestra fuerza laboral y nuestra economía, no atacándola.”
La Operación Lone Star, iniciativa de seguridad fronteriza del estado, también está en el centro del debate. A pesar del alto costo de la operación (más de $11,100 millones y una petición de otros $6,500 millones), el gobierno de Texas ha confirmado su compromiso con su continuación.
Más allá de la frontera, al menos 20 proyectos de ley se enfocan en incrementar las facultades de las corporaciones policiales para hacer cumplir las leyes de inmigración, agravando las penas para los migrantes con antecedentes penales. El Proyecto de Ley 8 del Senado, por ejemplo, requiere a los sheriffs de condados grandes firmar acuerdos con ICE para colaborar en las deportaciones.
Finalmente, varias propuestas buscan facilitar la identificación de no ciudadanos para restringir su acceso a servicios sociales, al voto, o a cargos públicos. El debate se encuentra en curso, y su desenlace determinará el rumbo de la política migratoria en Texas en los próximos años.
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