Los Ángeles pagará US$4.000 millones por abusos sexuales a menores

Recientemente, se ha hecho público un acuerdo sin precedentes: el condado de Los Ángeles ha acordado pagar la asombrosa suma de 4.000 millones de dólares. Este monto monumental está destinado a resolver casi 7.000 demandas por abusos sexuales cometidos en centros de menores, un periodo que abarca desde 1959 hasta la actualidad.
Según fuentes oficiales, el acuerdo, aún pendiente de la aprobación final de la junta de supervisores del condado, representaría el pago más cuantioso de su tipo en la historia de Estados Unidos. “En nombre del condado, me disculpo de todo corazón con todas las personas que fueron perjudicadas por estos reprobables actos,” declaró Fesia Davenport, directora ejecutiva del condado, en un comunicado.
Las demandas, presentadas por miles de víctimas, describen un panorama desolador de maltrato y abuso sexual en hogares de acogida e instalaciones de detención juvenil. Muchos de los casos están relacionados con el Centro Infantil MacLaren, clausurado en 2003. Esta instalación, lejos de ser un refugio seguro, según las denuncias, se convirtió en un escenario de abuso sistemático. El centro, abierto en 1961, estuvo bajo la supervisión de funcionarios de libertad condicional hasta 1976, año en que pasó al Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado.
Testimonios desgarradores, como el de un hombre que declaró haber sido abusado sexualmente a los 8 años por un médico de la instalación, o el de otro que relató haber sido agredido por un miembro del personal masculino en un baño a la edad de 5 años, pintan un cuadro desolador de la realidad vivida por los menores bajo la custodia del condado. Los documentos judiciales describen prácticas como el confinamiento solitario, la administración de drogas y la sujeción a sillas, como procedimientos rutinarios.
“Es agridulce para los sobrevivientes, porque nada va a quitar lo que se les hizo,” comentó Adam Slater, abogado de los demandantes. “Sin embargo, el acuerdo con suerte les da alguna medida de justicia y les proporciona alguna medida de cierre.”
El acuerdo propuesto no solo implica una compensación económica a las víctimas, sino también la implementación de medidas para prevenir futuros abusos. Entre estas medidas se incluye la creación de una línea directa para denunciar acusaciones de abuso sexual infantil contra empleados del condado y el desarrollo de un sistema para agilizar las investigaciones. La junta de reclamaciones del condado analizará el acuerdo el lunes, con una posible aprobación definitiva por la Junta de Supervisores el 29 de abril.