Polémica decisión de Trump: miles de migrantes dados por muertos en el Seguro Social

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La administración pública estadounidense ha tomado medidas drásticas en materia de inmigración, generando un debate intenso sobre sus implicaciones legales y éticas; detalles específicos sobre el alcance y el impacto de estas políticas se están revelando gradualmente, con información que sorprende a muchos

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Nicol Matuz Scott el 11/04/2025 09:14 AM.
En Internacional y editada el 11/04/2025 09:17 AM.

El foco de atención se centra en la administración Trump y una polémica decisión que ha generado un gran revuelo. Se reporta que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, autorizó una medida que afecta directamente a miles de migrantes. Según el Washington Post, más de 6,000 individuos, en su mayoría latinos, han sido incluidos en la base de datos del Seguro Social de Estados Unidos como fallecidos.

Esta acción, sustentada en dos memorandos internos firmados el lunes pasado, permite al Seguro Social incluir en su lista de defunciones a migrantes por motivos de “seguridad nacional”. Las personas afectadas, de acuerdo con fuentes anónimas, incluyen a quienes:

Perdieron su estatus legal.
Ingresaron al país bajo programas migratorios de la administración Biden y estos han expirado.
En algunos casos, se encuentran en la lista de vigilancia del FBI.

Se estima que el plan gubernamental contempla ampliar esta lista a 92,000 migrantes con antecedentes penales. La Casa Blanca, a través de su portavoz Elizabeth Huston, justifica la medida argumentando que: “El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo monetario para que los migrantes indocumentados vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse.”

Sin embargo, la legalidad de esta práctica está en entredicho. Funcionarios del Seguro Social, según el Washington Post, han expresado serias dudas, alegando que incluir a personas vivas en la lista de defunciones viola leyes de privacidad. La estrategia migratoria de Trump, además de esta controversial medida, incluye la revocación de permisos otorgados por el gobierno de Biden, una aplicación para solicitar la deportación y el traslado de presuntos criminales a cárceles de máxima seguridad en El Salvador. La situación, sin duda, plantea interrogantes sobre el futuro de la política migratoria y el respeto a los derechos humanos.