Jueza rechaza demanda contra redadas migratorias en iglesias
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia reside en una reciente decisión de la Jueza Federal de Distrito Dabney Friedrich, en Washington D.C. Esta jueza, nombrada por el presidente Donald Trump, rechazó una solicitud de orden judicial preliminar que buscaba impedir las redadas de inmigración en lugares de culto.
La demanda, presentada por más de dos docenas de grupos religiosos —cristianos y judíos— representando a millones de personas, argumentaba que la nueva política del gobierno federal viola la libertad religiosa al crear un clima de temor e incertidumbre para las comunidades migrantes que buscan refugio en sus templos.
La jueza Friedrich, en su fallo, declaró que “al menos en esta etapa y con este expediente, los demandantes no han demostrado la ‘amenaza creíble’ de aplicación requerida. Tampoco el expediente actual muestra que los lugares de culto estén siendo señalados como objetivos en particular.”
Esta decisión se contrapone a un fallo anterior de un juez federal en Maryland, quien sí otorgó una orden judicial similar a favor de una coalición de grupos religiosos. La disparidad en las resoluciones judiciales resalta la complejidad legal del tema y la falta de jurisprudencia uniforme.
El detonante de la controversia fue la revocación, el 20 de enero, de una política del Departamento de Seguridad Nacional que restringía las redadas en lugares considerados "sensibles", incluyendo lugares de culto. La nueva política permite a los agentes de inmigración usar su "sentido común" y "discreción" para realizar operativos en estos espacios.
Los abogados de los demandantes argumentaron que esta nueva política contradice décadas de precedentes gubernamentales. Señalaron que la nueva política, contenida en el controversial “Proyecto 2025”, un documento estratégico del gobierno republicano, recomienda explícitamente la eliminación de las "zonas sensibles" y la ampliación de las acciones de deportación.
El Proyecto 2025, elaborado por exfuncionarios y miembros del gobierno actual, incluyendo figuras como Tom Homan y Stephen Miller, detalla una estrategia para maximizar la eficiencia de la deportación, incluyendo la eliminación de restricciones geográficas para las deportaciones expeditas.
Mientras tanto, grupos religiosos como la Iglesia Episcopal, representada por el Reverendo Sean Rowe, han expresado su preocupación por la interferencia del gobierno en la práctica de su fe y su capacidad para brindar asistencia a los migrantes, independientemente de su estatus legal. La tensión entre la ley y la fe continúa, dejando una serie de interrogantes sobre el futuro de las comunidades migrantes en Estados Unidos.
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