Crisis migratoria en Estados Unidos: deportaciones, registro obligatorio y nuevas políticas de Trump
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Nicol Matuz ScottEn medio de audiencias cruciales sobre el poder del gobierno para llevar a cabo deportaciones, un nuevo capítulo se abrió el viernes: el inicio del registro obligatorio para inmigrantes indocumentados. Este requisito, anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional el 25 de febrero, ha generado polémica y protestas, con demandas legales que intentan detener su implementación.
Pero la controversia va más allá del registro. A la par, se conoció la noticia de la presunta clasificación como "muertos" de aproximadamente 6,000 inmigrantes con números válidos de Seguro Social. Dos fuentes anónimas, con conocimiento de la situación, revelaron a medios de comunicación que esta acción, aún no confirmada públicamente por la administración Trump, tiene como objetivo incentivar la autodeportación al limitar el acceso a servicios básicos como cuentas bancarias y empleos. "Eliminar los números de Seguro Social impedirá que los inmigrantes accedan a muchos servicios financieros y los incentivará a autodeportarse," aseguran las fuentes.
Otro caso que ha llamado la atención es el de Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, quien enfrenta la deportación. Un juez de inmigración en Louisiana dictaminó que Khalil, activista propalestino, representa un "riesgo para la seguridad nacional", basándose en la supuesta "consecuencias potencialmente graves en política exterior" que su presencia en Estados Unidos podría generar. Sin embargo, un juez federal de Nueva Jersey ha emitido una orden temporal que impide su deportación mientras continúa la batalla legal.
Mientras tanto, la Corte Suprema ordenó a la administración Trump que repatrie a Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño deportado erróneamente a El Salvador a pesar de tener una orden judicial que lo protegía de la deportación por temor a ser perseguido por pandillas. La jueza federal de distrito Paula Xinis exigió actualizaciones diarias sobre el progreso de esta repatriación, expresando su preocupación por la falta de información del gobierno sobre el paradero exacto de Abrego García.
En un giro más, una juez federal rechazó bloquear los operativos de inmigración en lugares de culto. Más de dos docenas de grupos religiosos argumentaron que estas acciones violan el derecho a la práctica religiosa y han resultado en una disminución significativa de la asistencia. Sin embargo, la juez determinó que los demandantes no habían demostrado una relación directa entre la disminución de la asistencia y la política implementada.
Finalmente, una jueza federal bloqueó temporalmente la expulsión de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con estatus legal temporal bajo un programa de la era Biden, evitando que se les cancele sus permisos de trabajo y se les deporte antes de la fecha límite del 24 de abril. La administración Trump podría apelar la decisión.
Estos eventos, entre otros, pintan un panorama complejo y cambiante en la política migratoria de Estados Unidos, generando incertidumbre y preocupación entre la población afectada.
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