Estados Unidos deporta 13 narcotraficantes mexicanos: un ahorro de $3 millones
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Nicol Matuz ScottEl Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente una operación que, aunque no se presenta como tal, implica la deportación de 13 narcotraficantes mexicanos. La acción, realizada bajo el amparo del Tratado México-Estados Unidos de Ejecución de Sentencias Penales, ha pasado desapercibida para muchos, pero resulta significativa por sus implicaciones financieras y logísticas.
Según Matthew Galleotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia, la "transferencia", como la denominó el gobierno estadounidense, ha significado un ahorro de más de 3 millones de dólares para el sistema penitenciario estadounidense. Esto se debe a que se elimina la necesidad de seguir costeando el encarcelamiento de estos individuos en suelo norteamericano.
El comunicado de prensa, emitido el lunes, detalla que los 13 individuos tenían sentencias combinadas que suman 75 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo la "distribución de sustancias controladas, incluyendo cocaína, metanfetaminas y fentanilo". Curiosamente, el gobierno estadounidense no ha hecho públicos sus nombres.
El programa de transferencias, según Galleotti, no solo representa un alivio económico, sino que también contribuye a la "rehabilitación de los reclusos" y a la disminución de la sobrepoblación carcelaria en las prisiones federales de Estados Unidos. Este aspecto, a menudo pasado por alto, destaca la complejidad de las políticas internacionales en materia de justicia penal.
La operación, llevada a cabo el viernes pasado, pone de manifiesto la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. La aplicación del tratado permite asegurar que los condenados cumplan sus penas, independientemente del país donde se encuentren.
Más allá del ahorro económico y el aspecto logístico, la acción abre interrogantes sobre las estrategias de control migratorio y la problemática de la sobrepoblación en las prisiones, tanto en México como en Estados Unidos. Las implicaciones políticas y sociales de este tipo de transferencias, sin duda, merecen una atención más profunda.
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