Harvard rechaza demandas del gobierno de Trump y defiende su libertad académica
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Nicol Matuz ScottEl foco de la controversia recae en Harvard, una institución con una larga trayectoria de colaboración con el gobierno, que ha recibido financiamiento para proyectos que han revolucionado la medicina, la ingeniería y la ciencia. Sin embargo, la situación ha escalado rápidamente en las últimas semanas. Se acusa a la universidad de tolerancia al antisemitismo en su campus, lo que ha llevado a que el gobierno federal amenace con cortar los lazos financieros.
La tensión aumentó el viernes pasado, cuando la administración federal emitió una lista de demandas ampliada y modificada. Según fuentes cercanas a la negociación, el documento exige a Harvard el cumplimiento de una serie de condiciones para mantener su financiamiento. "Mantener la relación financiera con el gobierno federal está supeditada al cumplimiento de estas demandas", se lee en el documento filtrado.
Más allá de las medidas enfocadas en combatir el antisemitismo, las demandas van mucho más allá, incluso hasta lo que parece una intromisión inaceptable. Se solicita a la universidad "auditorías" de las opiniones de estudiantes, profesores y personal, así como la "reducción de poder" de ciertos miembros de la comunidad académica, algo que preocupa a varios analistas por las implicaciones que esto tiene en la libertad académica.
La respuesta de Harvard ha sido contundente. A través de sus asesores legales, la universidad ha comunicado al gobierno su rechazo a las demandas. Consideran que este tipo de exigencias representan una violación a sus derechos de Primera Enmienda y exceden los límites legales de la autoridad gubernamental bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles. Argumentan que la interferencia gubernamental en la libertad académica es una amenaza a la esencia misma de la universidad como institución dedicada a la búsqueda del conocimiento.
En este contexto, la universidad destaca su compromiso con la lucha contra el antisemitismo, enumerando las medidas tomadas en los últimos 15 meses, y subrayando sus planes para seguir actuando en ese sentido. Sin embargo, recalca que la defensa de la libertad académica y la autonomía universitaria son pilares fundamentales que no se negociarán.
La controversia plantea interrogantes sobre el futuro de la colaboración entre el gobierno y las instituciones académicas en Estados Unidos, y sobre la delicada balanza entre la lucha contra la discriminación y la preservación de la libertad académica.
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