ONU investiga muerte de mexicano a manos de la Patrulla Fronteriza
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Nicol Matuz ScottEl caso, presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gira en torno a la trágica muerte de Anastasio Hernández Rojas, un trabajador de la construcción mexicano que residió en Estados Unidos por más de dos décadas. Su fallecimiento el 28 de mayo de 2010, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, ha generado una ola de indignación y ha impulsado una revisión profunda de las prácticas de aplicación de la ley en la frontera.
La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley, y Alliance San Diego (ASD), presentaron un exhaustivo informe a la ONU, documentando los detalles de lo ocurrido. Según el informe, más de una docena de agentes golpearon repetidamente a Hernández Rojas, sometiéndolo a descargas eléctricas mientras estaba esposado y en el suelo, con oficiales arrodillados sobre su cuello y espalda. Testimonios y videos muestran sus desesperadas súplicas por ayuda, ignoradas hasta su muerte. El informe cita la conclusión del médico forense: "homicidio".
Este caso no es solo una tragedia individual; es un desafío al estándar estadounidense de uso de la fuerza por parte de agentes migratorios, descrito como "objetivamente razonable". Los abogados de las organizaciones que representan a la familia del Sr. Hernández Rojas argumentan que este estándar es, "letal y deficiente", permitiendo que los agentes involucrados eludan responsabilidades. Ningún agente, ni sus superiores, ha rendido cuentas por este acto.
La presentación ante la ONU coincide con una expansión de las facultades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Estados Unidos. Para los abogados del caso, "es más importante que nunca dar testimonio del daño que se está causando y exigir responsabilidades".
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU evaluará las pruebas presentadas como parte del Examen Periódico Universal. Concurrentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también analiza el caso, con la posibilidad de emitir un fallo y recomendaciones, aunque sin potestad sancionadora directa contra el gobierno estadounidense. Se espera un informe de la ONU en noviembre, momento en el que la CIDH podría ya haber emitido su veredicto.
El desenlace de este caso, y las posibles implicaciones para la política migratoria estadounidense, se perfila como un punto crucial en la relación entre ambos países, con consecuencias de largo alcance en la protección de los derechos humanos en la región.
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