Ejército de Estados Unidos podría controlar zona fronteriza con México
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Nicol Matuz ScottUn nuevo reporte de The Associated Press revela un giro significativo en la estrategia de control fronterizo. Se informa que el gobierno estadounidense podría transferir una extensa franja de terreno en la frontera con México al control del ejército. Esta zona, que se extiende desde Nuevo México hasta California, abarcaría una superficie de aproximadamente 90 pies de ancho. Este traslado de jurisdicción busca eludir una ley federal que prohíbe el uso de tropas para el cumplimiento de la ley en territorio estadounidense.
El argumento central se basa en que, si los militares se encargan de la seguridad de esta zona, podrán detener a quienes la transpongan ilegalmente, es decir, a migrantes. Estos individuos serían posteriormente entregados a las agencias civiles encargadas del cumplimiento de la ley. Según el reporte, el Departamento de Defensa realizará pruebas en el área, instalando cercas adicionales y letreros con advertencias sobre la prohibición de acceso.
Esta iniciativa forma parte de una estrategia mayor para integrar al ejército en la aplicación de las leyes de inmigración. Recordemos que el Presidente Donald Trump, durante su mandato, emitió la Orden Ejecutiva 14167, que define un nuevo rol para los militares en la protección de la "integridad territorial" de Estados Unidos, incluyendo el control de la frontera sur. Desde entonces, se ha observado una creciente militarización de la política migratoria.
Como ejemplo de esta estrategia, la Marina desplegó recientemente el destructor de misiles guiados USS Stockdale (DDG-106) para patrullar una zona de la frontera sur. Esta acción, realizada en conjunto con un destacamento de la Guardia Costera, se suma al despliegue del USS Gravely realizado un mes antes. El Almirante Daryl Caudle, Comandante de las Fuerzas de la Flota de los Estados Unidos, explicó que estas misiones implican monitorear los corredores marítimos clave entre Estados Unidos y México, particularmente cerca de San Diego y el Golfo de México. Si bien el uso de destructores en operaciones fronterizas domésticas es inusual, la situación actual demanda medidas excepcionales, según las autoridades.
La presencia de la marina, junto con la posible transferencia de terreno al ejército, plantea importantes interrogantes sobre el balance entre la seguridad nacional, la inmigración y el respeto de los derechos humanos, asuntos que seguramente continuarán en el centro del debate público.
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