Revocación masiva de visas estudiantiles bajo la administración de Trump
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Nicol Matuz ScottEl foco de esta inquietud se centra en las revocaciones de visados a cientos de estudiantes, una cifra que el Departamento de Estado estima en al menos 300, pero que se sospecha podría ser mucho mayor. Instituciones prestigiosas como Harvard, Columbia, Stanford, la Universidad de California y la Estatal de Ohio ya han reportado casos entre sus estudiantes y recién graduados.
Nombres como el de Xiaotian Liu, estudiante de doctorado china en Dartmouth College, cuyo visado fue cancelado sin explicación, o Mahmoud Khalil, recién graduado de Columbia detenido en su domicilio, se han convertido en símbolos de esta crisis. También destaca el caso de Rumeysa Ozturk, estudiante de Tufts, detenida por agentes del ICE mientras se dirigía a un evento del Ramadán. Estos casos, lejos de ser aislados, ilustran un patrón preocupante.
Las razones oficiales, citadas por funcionarios estadounidenses, se refieren a preocupaciones de seguridad nacional y violaciones a las leyes de inmigración. Sin embargo, estudiantes y abogados de inmigración refutan esta explicación, argumentando que muchas revocaciones se producen sin aviso previo, entrevistas o justificaciones claras. En varios casos, las infracciones citadas son menores, como multas de tránsito, mientras que otras parecen estar directamente relacionadas con la participación en protestas o discursos políticos, particularmente aquellos que expresan apoyo a Palestina o critican las acciones de Israel en Gaza.
“Las anulaciones de visados se han producido en gran parte sin aviso previo, entrevistas ni justificación clara,” afirman estudiantes y abogados de inmigración. Esta falta de transparencia y el proceso sumario están en el centro del debate.
Expertos legales señalan que los estudiantes internacionales con visados F-1, al igual que los ciudadanos estadounidenses, gozan de la protección de la Primera Enmienda. Sin embargo, la naturaleza temporal de sus visados los hace vulnerables a la revocación, incluso ante sospechas vagas o infundadas. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha calificado la situación como una “prueba de fuego ideológica inconstitucional.”
Diversas demandas se han interpuesto contra el Departamento de Seguridad Nacional, alegando violación de derechos legales. El proceso de revocación, usualmente requiriendo entrevista y justificación, se ha vuelto opaco, con notificaciones por correo electrónico o, en muchos casos, sin ninguna notificación. La incertidumbre generada afecta profundamente a los estudiantes, a las universidades y al sistema educativo superior de Estados Unidos.
Las universidades responden ofreciendo apoyo legal y exhortando a los estudiantes a llevar consigo sus documentos migratorios. La situación deja en vilo el futuro de cientos de estudiantes, y plantea serias interrogantes sobre el impacto a largo plazo en la diversidad y el intercambio académico en Estados Unidos.
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