Trump cuestiona la autoridad judicial en su política migratoria
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Nicol Matuz ScottEn una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente Donald Trump expresó su desconcierto ante las decisiones judiciales que cuestionan las políticas migratorias de su administración. “No entiendo cómo los jueces pueden quitarle esa autoridad a un presidente,” afirmó Trump, defendiendo el trabajo de su gobierno en materia de control migratorio.
Trump aseguró que su administración ha realizado un “trabajo alucinante”, destacando el desempeño de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de su zar fronterizo, Tom Homan. Sus palabras llegan tras la decisión del juez federal James Boasberg de iniciar un proceso para declarar al gobierno en desacato por el envío de más de 200 migrantes, principalmente venezolanos, a una prisión de alta seguridad en El Salvador el pasado 15 de marzo. Esta acción contradice una orden judicial previa.
El presidente Trump justificó estas medidas argumentando que la administración Biden permitió una entrada masiva e incontrolada de migrantes, muchos de ellos con antecedentes criminales. En su estrategia anti-migración, se ha apoyado en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para la expulsión de cientos de venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Este operativo involucró el traslado de 238 venezolanos y 23 salvadoreños al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.
Un caso particularmente controvertido es el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño residente en Maryland, casado con una ciudadana estadounidense, deportado erróneamente. A pesar de la orden judicial que prohibía su deportación y del llamado del Supremo estadounidense para facilitar su regreso, tanto Trump como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se han negado a su repatriación. Trump ha delegado la responsabilidad de responder sobre este caso al Departamento de Justicia, argumentando desconocimiento del asunto.
La situación deja en evidencia las complejidades legales y políticas inherentes a la migración, así como las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en la aplicación de las leyes migratorias.
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