Aumenta drásticamente el número de detenciones migratorias en Estados Unidos
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Nicol Matuz ScottEn el epicentro de esta controversia se encuentra la fiscal Pam Bondi y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Activistas como Vicki Gaubeca, directora de Política Migratoria con Human Rights Watch, acusan al DOJ de convertirse en un instrumento político, utilizado para aplicar con severidad las leyes migratorias, a menudo contra personas sin antecedentes penales.
“El Departamento de Justicia está siendo utilizado como un arma para continuar con esta política de terror en contra de los migrantes,” afirma Gaubeca, quien señala la reasignado de recursos internos del departamento para enfocarse en las detenciones de migrantes por parte de la fiscal Bondi, en apoyo a la agenda del presidente Trump.
El programa “Recuperemos América”, una iniciativa interinstitucional que incluye al DOJ, es presentado por la administración como crucial en la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de personas y drogas. Sin embargo, la estrategia se ha traducido en un aumento exponencial de las acusaciones contra migrantes, incluso por infracciones menores o sin antecedentes criminales.
Como ejemplo, se cita el caso del distrito suroeste del DOJ (Arizona, California, Texas y Nuevo México), donde se presentaron 1,200 cargos por violaciones a las leyes migratorias sólo la semana pasada, comparado con cerca de 5,000 en marzo.
Por otro lado, Esther Winne, vocera de la Oficina del DOJ en Arizona, defiende la postura de la agencia. “Nuestro objetivo es el mismo, como siempre ha sido en el Departamento de Justicia, que es hacer cumplir la ley. Las personas que cruzan de manera irregular a los Estados Unidos están violando la ley,” declaró Winne a EFE.
Winne explica que la penalidad varía según el caso, pudiendo alcanzar hasta cinco años de prisión, con penas más severas en casos que involucren otros delitos como tráfico de drogas o personas. Sin embargo, activistas como Gaubeca señalan que el gobierno aplica leyes “de más de 100 años de antigüedad que han sido utilizadas solamente en tiempos de racismo” contra los inmigrantes.
La preocupación se extiende a la aplicación retroactiva de las leyes, según Gaubeca, con casos como el del hondureño Jairo Ernesto Perry Santos, arrestado en Carolina del Norte por reingresar a Estados Unidos tras su deportación en 2016, a pesar de haber residido en el país por un tiempo considerable.
Contrario a esto, el caso de Julián Estrada García, un inmigrante mexicano deportado en 39 ocasiones, muestra el otro lado de la moneda. El DOJ decidió no presentarle nuevos cargos, optando por su deportación a México, un caso que ha sido utilizado para justificar las acciones del departamento.
El aumento de las detenciones y las acusaciones, con sus diferentes interpretaciones y consecuencias, refleja un panorama complejo que sigue generando debate y cuestionamientos a nivel nacional.
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