Trump evalúa invocar la 'Ley de Insurrección' en la frontera

El 20 de enero de 2025, Donald Trump, al asumir su segundo mandato, emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional en la frontera con México. Dentro de este decreto, solicitó un informe a Pete Hegseth, Secretario de Defensa, y a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional. El plazo de entrega, 90 días, finalizó recientemente.
El informe debía evaluar la conveniencia de invocar la Ley de Insurrección de 1807. Esta ley, de más de dos siglos de antigüedad, faculta al presidente a utilizar las fuerzas militares en suelo estadounidense en casos de rebelión o colapso del orden público. Su aplicación suspendería temporalmente el Acta Posse Comitatus, que limita el uso de militares en tareas policiales.
Desde la emisión de la orden ejecutiva, el gobierno ha incrementado la presencia militar en la frontera. Se ha reforzado la vigilancia y se ha otorgado al Pentágono el control de una franja de terreno a lo largo del límite con México. Sin embargo, el contenido del informe final aún no se ha hecho público, generando incertidumbre y especulación.
Las implicaciones de utilizar la Ley de Insurrección son vastas. Según la profesora Rosa Brooks de la Universidad de Georgetown, “utilizarla en el actual contexto sería verdaderamente sin precedentes y alarmante.” Brooks argumenta que los militares no están entrenados para labores de seguridad ciudadana, y que su intervención podría tener consecuencias negativas para la democracia y para las fuerzas armadas mismas.
La posibilidad de invocar la ley no es nueva en la administración Trump. Durante su primer mandato, intentó usarla durante las protestas por el asesinato de George Floyd, pero enfrentó la oposición de su entonces Secretario de Defensa, Mark T. Esper. Ahora, con un equipo distinto en el Pentágono, la situación es diferente, aunque el actual jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, ha declarado públicamente que no obedecería una orden inconstitucional.
Expertos como la profesora Laura Dickinson de la Universidad George Washington, destacan que la Ley de Insurrección se ha usado en pocas ocasiones a lo largo de la historia. La última vez fue en 1992, durante los disturbios de Los Ángeles tras la golpiza policial a Rodney King. Comparar el contexto actual con esa situación, caracterizada por violencia y saqueos generalizados, resulta difícil, abriendo la puerta a diversas interpretaciones sobre las intenciones del gobierno.
Existen precedentes de invocar la ley sin un despliegue inmediato de tropas, como lo hizo Ronald Reagan en 1987. En este caso, el envío de asesores militares al FBI ayudó a solucionar un motín carcelario sin necesidad de intervención directa del ejército. Esta posibilidad abre un abanico de escenarios futuros con diferentes grados de intervención militar.