Trump amenaza con deportar sin juicio a migrantes indocumentados
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Nicol Matuz ScottEl foco de la controversia: las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la deportación de migrantes indocumentados. Trump, con su característico traje azul, aseguró que estos migrantes "no deberían tener derecho a juicio", planteando la posibilidad de deportaciones directas, sin intervención judicial.
Esta postura, según Trump, se justifica por la necesidad de una acción rápida y eficiente. El mandatario afirmó, sin aportar pruebas contundentes, que países como el Congo y Venezuela "han vaciado sus prisiones en Estados Unidos", y que esta situación requiere medidas extraordinarias. Sus palabras: “Vamos a sacarlos, y un juez no puede decir: ‘No, hay que celebrar un juicio’”.
El presidente argumentó que entre los migrantes a deportar se encuentran asesinos, traficantes de drogas y enfermos mentales. Insistió en la lentitud del proceso judicial, afirmando que “el juicio va a durar dos años”, lo que a su juicio, representa una amenaza a la seguridad nacional. Esta urgencia, según él, justifica la necesidad de sortear los requisitos del debido proceso.
Estas declaraciones, difundidas previamente en redes sociales con la frase “No podemos darle a todo mundo un juicio, porque hacerlo llevaría, sin exagerar, 200 años”, han generado una ola de críticas. El congresista Jonathan L. Jackson, demócrata de Illinois, señaló en redes sociales la gravedad de las afirmaciones presidenciales, calificándolas como propias de un "#dictador" y enfatizando la importancia del debido proceso en Estados Unidos.
La tensión se incrementa al considerar el contexto legal. Recientemente, la Corte Suprema frenó temporalmente la deportación de un grupo de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra raramente usada y que, según la Corte, requiere la garantía del debido proceso. Otro caso relevante es el de Kilmar Armando Abrego Garcia, un salvadoreño cuya expulsión por "error administrativo" ha sido ordenada a ser revisada por la Corte Suprema, orden que, hasta el momento, la Casa Blanca no ha cumplido, publicando en redes sociales que "nunca va a regresar".
La situación expone una clara confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial, con implicaciones de gran alcance para el sistema migratorio y la aplicación de la ley en Estados Unidos.
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