CBP elimina protecciones para inmigrantes enfermos, embarazadas y niños

La clave del asunto reside en un memorando del 5 de mayo, firmado por Pete Flores, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este documento declara obsoletas cuatro políticas implementadas durante la administración Biden, diseñadas para proteger a grupos particularmente sensibles: mujeres embarazadas, niños, enfermos y adultos mayores.

Entre las políticas revocadas se encuentran:

• El protocolo de procesamiento para embarazadas, puérperas y bebés (28 de enero de 2022).
• Las consideraciones de custodia para personas con riesgo médico (19 de mayo de 2023).
• La guía adicional sobre consideraciones de custodia para personas con riesgo médico (12 de octubre de 2023).
• El monitoreo de personas vulnerables bajo custodia de la CBP (19 de marzo de 2024).

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha expresado su profunda preocupación. “Estas políticas incluían el suministro de agua y pañales a los bebés bajo el cuidado de la CBP y directrices para agilizar la liberación para que reciban atención médica de personas en circunstancias médicas peligrosas,” declaró la organización. La ACLU recuerda casos emblemáticos, como el de una mujer que dio a luz en una estación de la Patrulla Fronteriza, o la trágica muerte de Anadith Reyes, una niña de 8 años que falleció tras una semana bajo custodia sin recibir la atención médica necesaria.

Sarah Mehta, subdirectora de Políticas y Asuntos Gubernamentales para Inmigración de la ACLU, califica la decisión como una muestra de “crueldad que sustenta la agenda migratoria de la administración Trump.” Señala la falta de atención médica adecuada como un problema recurrente en la CBP y advierte sobre las consecuencias de estas acciones para los no ciudadanos. La decisión, tomada bajo el liderazgo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, está generando un intenso debate sobre el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos.

La CBP, por su parte, argumenta que el personal debe seguir las "Normas Nacionales de Transporte y Escolta" y cumplir con el "Acuerdo de Transacción Flores" en relación con menores. Sin embargo, la controversia permanece, planteando serias interrogantes sobre el bienestar de los migrantes más vulnerables.

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