Trump lanza fuerte operativo para rastrear a 450,000 niños migrantes

El foco de atención se centra en 450,000 niños migrantes que llegaron a Estados Unidos sin sus padres durante el gobierno de Biden. La administración Trump argumenta que busca asegurar su bienestar y rastrear su paradero. Para lograr esto, se están implementando visitas domiciliarias y entrevistas, un proceso que ha generado inquietud entre los defensores de los migrantes.
La iniciativa implica la participación de varias agencias gubernamentales, incluyendo al Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Un alto funcionario del HHS, hablando bajo condición de anonimato, reveló que se están revisando aproximadamente 65,000 casos con quejas presentadas desde 2023. Este año, 450 de estos casos han sido remitidos a las fuerzas federales. “Estamos revisando cada informe, cada detalle, porque proteger a los niños no es opcional,” declaró el HHS en X.
El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., hizo una aparente referencia a esta revisión en una reunión de gabinete. La estrategia de la administración Trump se basa en la preocupación de que los patrocinadores adultos no siempre fueron investigados a fondo, dejando a algunos niños vulnerables a la explotación.
El caso de una niña de 14 años de Guatemala, cuyo patrocinador fue acusado de atraerla a Estados Unidos bajo falsas pretensiones, ilustra la problemática. La falta de pruebas de ADN o huellas dactilares en este caso es señalada como una falla del sistema anterior. El hombre se declaró culpable de agresión sexual y ahora enfrenta cargos federales.
La implementación de esta revisión ha generado preocupaciones entre organizaciones como el Young Center for Immigrant Children’s Rights. Mary Miller Flowers, directora de políticas del centro, señala que “Ahora se tiene una situación en la que el gobierno está verificando el bienestar de los niños y encontrándose con sus padres indocumentados y deportando a sus padres.”
Se informa que alrededor de 100 niños han sido retirados de la custodia de sus patrocinadores en los últimos dos meses. Las nuevas medidas incluyen la exigencia de huellas dactilares, pruebas de ADN y verificación de ingresos para los patrocinadores, creando un obstáculo significativo para aquellos que podrían ser indocumentados o de bajos recursos. Videos e informes de agentes federales realizando visitas a domicilios, incluso con equipo táctico, han intensificado las preocupaciones sobre el impacto de esta política.
En Hawaii, la búsqueda de menores ha resultado en deportaciones. En otros estados, abogados reportan visitas de agentes a sus clientes, creando un ambiente de temor e incertidumbre. El FBI, en una declaración, afirmó que la protección de los niños es crucial y que colaboran con agencias locales y estatales; sin embargo, la simultaneidad con las deportaciones genera dudas sobre la efectividad de la iniciativa.
La modificación del programa de patrocinio por parte del gobierno Trump, incluyendo la reducción de fondos para abogados de niños migrantes, ha exacerbado la situación, creando un escenario complejo con consecuencias aún por verse a largo plazo para los niños involucrados y sus familias.