Guardia Nacional y Patrulla de Carretera, clave en nuevo plan migratorio de Florida
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Nicol Matuz ScottFlorida, bajo el mando del gobernador republicano Ron DeSantis, ha tomado una postura decidida. DeSantis presentó recientemente un ambicioso plan migratorio a la administración Trump, que redefine el papel de las fuerzas estatales en la aplicación de las leyes de inmigración. Este plan propone una colaboración sin precedentes entre la Guardia Nacional y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).
La propuesta clave consiste en la autorización federal para utilizar al Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional de Florida como jueces migratorios. Se busca "agilizar el procesamiento legal de inmigración", según palabras del propio DeSantis. Simultáneamente, se destaca la integración de 100 agentes de la FHP como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals, bajo el acuerdo 287(g).
Este acuerdo les otorga la facultad de ejecutar órdenes judiciales federales y “remover a extranjeros criminales peligrosos”. DeSantis enfatizó en una conferencia de prensa en Tampa que la FHP ahora puede realizar “operativos migratorios de manera completamente independiente al Gobierno federal”, un hecho sin precedentes en el país.
Como ejemplo, se menciona la 'Operación Marea Negra', una operación a gran escala que resultó en el arresto de 1,120 inmigrantes en Florida. Siete agencias locales colaboraron con el ICE en esta operación, sirviendo como un modelo para la participación expandida de la FHP en la aplicación de leyes migratorias.
El plan también incluye la propuesta de nuevos centros de detención y la expansión de las aprehensiones, posicionando a Florida como un líder en la aplicación de las leyes de inmigración. Es importante considerar que Florida cuenta con una importante población inmigrante: aproximadamente 5 millones de personas nacidas en el extranjero, según el American Immigration Council, representando una quinta parte de su población total.
Este contexto se ve reforzado por las leyes estatales aprobadas bajo DeSantis, que prohíben las “ciudades santuario” y establecen multas significativas para funcionarios que incumplan estas disposiciones. Como resultado, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados de Florida, junto con numerosas ciudades como Coral Gables, Hialeah y Orlando, han firmado acuerdos 287(g).
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