Madre hondureña enfrenta multa de $1.8M por inmigración
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Nicol Matuz ScottEl caso de una madre hondureña residente en Florida ilustra perfectamente esta realidad. Después de una orden de deportación emitida en abril de 2005, la mujer, de 41 años y con tres hijos ciudadanos estadounidenses, recibió recientemente una notificación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La notificación no era una simple advertencia; era una multa asombrosa.
El ICE le impuso una penalización de 500 dólares por cada día que ha permanecido en Estados Unidos desde la emisión de la orden de deportación. Esto se traduce en una deuda que supera los 1.82 millones de dólares. La abogada de la mujer, Michelle Sánchez, calificó la situación como "aterradora".
"ICE está aterrorizando a las personas sin siquiera tener que ir a buscarlas", dijo Sánchez a CBS News. "Las están aterrorizando enviando estas notificaciones con cantidades exorbitantes de dinero que, a veces, una persona ni siquiera gana en toda su vida".
Sánchez argumenta que su clienta nunca fue advertida de las consecuencias de permanecer en el país después de la orden de deportación de 2005. Además, subraya el impacto devastador que la deportación tendría en sus tres hijos ciudadanos estadounidenses. Por ello, ha presentado una apelación, buscando reabrir el caso y anular la orden de deportación original.
La abogada señala que la aplicación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, y específicamente la imposición de esta multa sin precedentes, establece un precedente preocupante. Si bien reconoce la importancia de aplicar la ley, advierte sobre la necesidad de respetar los derechos individuales. Según Sánchez, la administración Trump impulsó el uso de esta ley para sancionar a inmigrantes indocumentados, mientras que la apelación se sustenta en la posibilidad de reabrir casos bajo la administración Biden.
El caso destaca la dificultad de navegar el sistema de inmigración estadounidense y cómo las decisiones pasadas pueden tener consecuencias financieras catastróficas. La apelación de Sánchez busca no solo evitar la exorbitante multa, sino también llamar la atención sobre las implicaciones de una aplicación inflexible de la ley migratoria en situaciones tan complejas.
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