Corte Suprema autoriza el fin del TPS para 300,000 venezolanos
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Nicol Matuz ScottEl foco de atención se centra ahora en una decisión de la Corte Suprema de Justicia que impacta directamente a más de 300,000 venezolanos. La resolución, tomada el lunes, permite al gobierno revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a estos ciudadanos. Esto significa que se ha dado luz verde a la administración para proceder con la eliminación de estas protecciones legales.
La controversia radica en la solicitud de emergencia presentada por el gobierno, la cual fue aprobada por la Corte Suprema. Es importante destacar que la Jueza Ketanji Brown Jackson habría votado en contra de la solicitud, según se menciona en la breve orden emitida. El camino legal no termina aquí; el litigio continuará en cortes inferiores.
El origen de la problemática se remonta a marzo de 2021, cuando el gobierno de Biden, considerando la inestabilidad política en Venezuela, extendió el TPS. Este programa, vigente desde 1990, ofrece un estatus legal temporal y la autorización para trabajar por hasta 18 meses, renovable, a individuos de países afectados por conflictos o desastres. En este caso específico, el debate se centró en una extensión posterior, realizada en octubre de 2023 y extendida en enero de 2024, justo antes de que la administración anterior intentara revertir la decisión.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó revocar estas protecciones en febrero de este año, argumentando que estas decisiones políticas deberían tener mayor flexibilidad. Un juez del Distrito Norte de California frenó inicialmente la medida, expresando preocupación de que la decisión pudiera basarse en prejuicios raciales. El Fiscal General, John Sauer, argumentó en la solicitud de emergencia ante la Corte Suprema que la decisión de Noem estaba fuera del alcance de revisión judicial. En sus palabras: "La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la policía migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional".
La Alianza Nacional del TPS y los propios ciudadanos venezolanos afectados presentaron su contraargumento, señalando que el gobierno buscaba evadir la revisión judicial. Sus abogados recalcaron que "No debería ser sorprendente que sean los tribunales federales quienes digan cuál es la ley". El desenlace de este complejo proceso legal aún está por verse, con importantes implicaciones para la vida de cientos de miles de personas.
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