Crece la tensión entre Trump y la Corte Suprema por política migratoria
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Nicol Matuz ScottEl epicentro de esta crisis radica en la ambiciosa agenda migratoria del Presidente Donald Trump, que incluye desde la redefinición del derecho a la ciudadanía por nacimiento hasta el uso de leyes poco comunes para deportaciones masivas. Una de las herramientas legales que ha generado mayor controversia es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por Trump para justificar la rápida deportación de venezolanos a quienes acusa de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua. A diferencia de usos históricos de esta ley durante guerras declaradas, Trump argumenta su aplicación ante una "invasión" o "incursión depredadora".
La Corte Suprema ha evitado hasta el momento resolver la legalidad de esta interpretación, pero sus decisiones de emergencia revelan una aparente división de 7-2 en cuanto a confiar en las garantías del gobierno. Esta desconfianza se acentuó luego de un incidente donde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció la deportación inminente de migrantes detenidos en Texas, a pesar de que el gobierno negó tener vuelos programados.
En una orden extraordinaria, la Corte Suprema bloqueó los vuelos hasta emitir un fallo el viernes pasado. Su opinión mayoritaria, en la cual se evidencia una fractura entre los jueces conservadores, dejó claro su escepticismo: “Evidencia ahora en el expediente (aunque no toda ante nosotros el 18 de abril) sugiere que el Gobierno de hecho tomó medidas en la tarde del 18 de abril para remover a los detenidos”. Incluso los jueces nombrados por Trump, con la excepción de Alito y Thomas, mostraron su falta de confianza en las afirmaciones gubernamentales.
La inconformidad del Presidente Trump fue inmediata y contundente, expresando en Truth Social críticas feroces contra la Corte Suprema, incluso sugiriendo que se alojara a los migrantes cerca de la residencia de algunos jueces. Este comportamiento contrasta con su anterior postura de “gran respeto” hacia la Corte Suprema.
La desconfianza no se limita al caso de la Ley de Enemigos Extranjeros. Durante los argumentos sobre la propuesta de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento, los jueces cuestionaron abiertamente la disposición del gobierno a acatar las órdenes judiciales. La Justicia Kagan, por ejemplo, preguntó directamente si el gobierno se comprometería a seguir una orden judicial que declaraba ilegal la orden de Trump, recibiendo una respuesta evasiva por parte del Fiscal General Sauer.
Mientras que la Corte Suprema autorizó la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 350,000 venezolanos, lo hizo con cautela, aclarando que algunos migrantes aún podrían demandar si el gobierno revoca sus autorizaciones de trabajo. La batalla legal continúa en cortes inferiores, incluyendo el caso de Kilmar Abrego Garcia, deportado erróneamente y cuya repatriación está en disputa, generando nuevas preocupaciones sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte del gobierno. La Jueza Paula Xinis, por ejemplo, expresó su inquietud ante la falta de cooperación administrativa en este caso.
La situación refleja una creciente fricción entre los poderes, con implicaciones profundas para el sistema judicial y la gobernabilidad del país. El desenlace de estos litigios y las acciones futuras del gobierno siguen siendo inciertos.
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