Detenciones y revisiones en aeropuertos de Estados Unidos generan debate sobre derechos y privacidad
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Nicol Matuz ScottRecientemente, varios casos de detenciones en aeropuertos estadounidenses por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han generado un debate sobre los derechos de los viajeros. Entre los casos más sonados está el del streamer Hasan Piker, quien denunció haber sido interrogado sobre sus opiniones políticas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. Por otro lado, Savanna, una influencer estadounidense, relató en TikTok una detención de más de dos horas en el aeropuerto de Miami, incluyendo la revisión de su teléfono móvil y preguntas sobre sus ingresos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha respondido a estas acusaciones afirmando que se trata de procedimientos rutinarios de seguridad, negando cualquier motivación política. Sin embargo, estas experiencias han puesto en el centro del debate la legalidad y los límites de las inspecciones en las aduanas.
Según el abogado de inmigración Brad Bernstein, los viajeros no gozan de la misma protección constitucional en los puntos de entrada que dentro del territorio estadounidense. La ley migratoria establece que una persona solo se considera “dentro” del país tras pasar el control de inmigración y aduanas. Esto otorga a la CBP mayor margen de maniobra en cuanto a registros e interrogatorios, una interpretación respaldada por la Corte Suprema en casos como United States v. Ramsey (1977) y United States v. Montoya de Hernandez (1985).
La CBP distingue entre inspecciones básicas, que no requieren justificación, y avanzadas, que sí exigen un mínimo de sospecha razonable y utilizan herramientas forenses. Aunque la CBP puede pedir desbloquear dispositivos o proporcionar contraseñas, no existe obligación legal de hacerlo. La American Civil Liberties Union (ACLU) recomienda minimizar la información personal en dispositivos electrónicos antes de viajar, cerrar sesión en cuentas en la nube y llevar el menor número posible de aparatos.
Respecto a la documentación, la ACLU aclara que los ciudadanos estadounidenses no están obligados a llevar prueba de ciudadanía dentro del país, mientras que los extranjeros mayores de 18 años deben portar sus documentos migratorios válidos. Negarse a mostrarlos puede resultar en detención.
Finalmente, el DHS ha señalado que las inspecciones fronterizas han aumentado en el último año, aunque las búsquedas electrónicas avanzadas han disminuido levemente. A pesar de las controversias, la CBP asegura que estas medidas forman parte de los protocolos de seguridad fronteriza y actúan bajo su mandato de protección nacional.
El incremento en las revisiones, aunado a los casos denunciados, deja una interrogante: ¿cuál es el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales en los puntos de entrada a Estados Unidos?
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