Florida: Ron DeSantis expande drásticamente el poder policial en inmigración
... 
Nicol Matuz ScottEl epicentro de la controversia se centra en la figura del gobernador Ron DeSantis y sus políticas migratorias. DeSantis, apoyado por la republicana Pam Bondi, Secretaria de Justicia, ha implementado medidas que otorgan a las autoridades estatales, un poder considerable en materia de inmigración, incluso por encima del ICE.
Una de las acciones más polémicas es la designación de más de 100 patrulleros de carretera (Florida Highway Patrol Troopers) como "autoridades con una delegación especial", equiparándolos a los U.S. Marshals. Esta decisión, anunciada el 12 de mayo, permite a estos agentes ejecutar órdenes federales de inmigración, una función que usualmente recae en el ICE.
"Esto significa que si usted ve a un 'state trooper', él o ella tiene la autoridad federal para detener, investigar, aprehender y deportar", aseguró Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Automotores.
Este nuevo poder se complementa con la implementación de tecnología que permite la verificación en tiempo real del estatus migratorio de las personas detenidas en las carreteras. La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, en un reporte de septiembre de 2024, ya había recomendado reforzar los procesos de vigilancia y rendición de cuentas para este tipo de delegaciones.
La colaboración con el ICE se extiende a través del programa 287(g), incluyendo los controvertidos "task force", que permiten a funcionarios estatales interrogar sobre el estatus migratorio, arrestar sin orden judicial y procesar para deportación. Se estima que 67 oficinas de alguaciles y todas las cárceles de Florida participan en este programa.
Juan Cuba, director ejecutivo de Sheriff Accountability Action, califica la situación como un "estado policial", particularmente dirigido a la comunidad hispana. La expansión de estas prácticas incluye la posibilidad de que abogados generales de la Guardia Nacional actúen como jueces en casos de inmigración.
Las consecuencias de estas políticas se evidencian en casos como el de Juan Carlos López Gómez, un ciudadano estadounidense-mexicano detenido erróneamente bajo una ley declarada inconstitucional por una corte federal. Su caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los individuos ante posibles abusos de autoridad y la falta de rendición de cuentas.
La ausencia de cámaras corporales en los patrulleros de carretera, según el abogado de López Gómez, Mutaqee Akber, dificulta aún más la investigación de posibles casos de discriminación racial y abuso de poder. La preocupación se extiende a la posible implicación del Departamento de Manejo de Emergencias en operativos migratorios durante la temporada de huracanes.
Más Noticias
